Hay días en los que uno enciende la radio, escucha dos titulares y siente que el país se ha convertido en una especie de trinchera emocional. No hay tiros, no hay milicias, no hay columnas avanzando hacia Madrid.
Una fractura silenciosa: Guerra civil híbrida
Pero cualquiera que viva aquí, que hable con su familia, que observe cómo se comportan los amigos en un grupo de WhatsApp, sabe que algo se ha roto. No es la guerra civil de nuestros abuelos, pero tampoco es una simple bronca parlamentaria. Es otra cosa. Una fractura silenciosa, persistente, que se cuela en la vida cotidiana sin pedir permiso.
cuando el poder empieza a tratar al discrepante como una amenaza moral, el país entero se contamina
A esa mutación la llamo -quizá con más preocupación que intención académica- guerra civil híbrida. No porque crea que España esté al borde de un conflicto armado, sino porque la política ha dejado de ser una competición entre adversarios y se ha convertido en una confrontación entre enemigos. Y cuando el poder empieza a tratar al discrepante como una amenaza moral, el país entero se contamina.
Recuerdo perfectamente el discurso de investidura de 2023. Pedro Sánchez habló de “alzar un muro” frente a la derecha. Muchos lo celebraron como una defensa de la democracia. A mí, sin embargo, me dejó una inquietud difícil de sacudirme. Un muro no dialoga. Un muro no reconoce al otro como parte de la misma comunidad. Un muro separa. Y desde entonces, la política española se ha movido como si ese muro fuera real. El PP y Vox pueden ser criticados, faltaría más. Pero convertir a millones de españoles en sospechosos morales es otra cosa. Es dinamitar la alternancia. Es insinuar que, si la derecha gobierna, la democracia peligra. Y cuando un Gobierno empieza a combatir no al adversario, sino el derecho del adversario a gobernar, la política deja de ser política. Se convierte en una operación de bloqueo.
Un muro no dialoga. Un muro separa. Y desde entonces, la política española se ha movido como si ese muro fuera real.
La Ley de Amnistía de 2024 fue el ejemplo más claro de esa lógica. Me preocupa el mensaje que transmitió: que una promesa electoral puede evaporarse si los números parlamentarios lo exigen; que la justicia puede convertirse en una variable negociable; que quien desafía al Estado puede obtener una recompensa si después sus votos resultan útiles. No es un debate jurídico. Es un debate moral. Y la moral, cuando se manipula desde el poder, siempre termina contaminando la convivencia. Desde entonces, cada decisión del Gobierno se interpreta como un ataque a una mitad del país. Cada crítica a la amnistía se presenta como extremismo. Cada concesión a los independentistas se vive como humillación. El lenguaje ya no explica: encierra.
cada decisión del Gobierno se interpreta como un ataque a una mitad del país
Las sociedades no se rompen porque discrepan. Se rompen cuando dejan de considerarse legítimas. Eso ocurrió en los años treinta, aunque la violencia de entonces no tenga comparación posible con la actual. Pero el mecanismo psicológico es inquietantemente parecido: primero se degrada al adversario, luego se le expulsa de la dignidad, finalmente se le convierte en enemigo. Hoy no hay fusiles. Hay etiquetas. “Fascista”, “reaccionario”, “traidor”, “cómplice del odio”. Palabras que no buscan describir, sino deshumanizar. Y cuando las élites convierten las identidades políticas en comunidades morales cerradas, el ciudadano deja de escuchar y empieza a sospechar.
las sociedades no se rompen porque discrepan. Se rompen cuando dejan de considerarse legítimas
Lo más doloroso no ocurre en el Congreso. Ocurre en la mesa del comedor. He visto padres que ya no hablan con sus hijos por política. Hijos que desprecian a sus padres porque creen que votan “lo que destruye el país”. Amistades de décadas que se rompen por una discusión sobre la amnistía. Grupos de WhatsApp donde alguien es expulsado por compartir una noticia incómoda. No es violencia física. Pero sí es una forma de erosión afectiva que deja cicatrices. La política ha colonizado espacios que deberían estar protegidos por vínculos más antiguos que cualquier ideología. Muchos ciudadanos viven en un exilio interior: callan para no perder relaciones, evitan temas, se refugian en cámaras de eco donde solo escuchan lo que confirma sus prejuicios. Y así, poco a poco, el país se fragmenta en tribus que ya no se reconocen.
La memoria histórica debería servir para comprender el pasado y honrar a las víctimas. Pero cuando se usa como munición electoral, se convierte en un mecanismo perverso: permite presentar al adversario actual como heredero moral de un enemigo desaparecido hace décadas.
el país se fragmenta en tribus que ya no se reconocen
El resultado es un país atrapado en una batalla moral permanente. Quien teme el fascismo vota cualquier cosa para impedirlo. Quien teme el separatismo hace lo mismo en sentido contrario. La política deja de ser gestión y se convierte en miedo.
Una democracia necesita árbitros creíbles. Jueces, reguladores, medios públicos. Cuando todos ellos parecen instrumentos del Gobierno de turno, la sociedad pierde la capacidad de resolver sus conflictos mediante procedimientos aceptados. No hace falta abolir nada. Basta con vaciar de credibilidad. Y cuando la justicia, el Parlamento o los medios públicos dejan de ser reconocidos como neutrales, el Estado conserva sus edificios, pero pierde su autoridad.
La mutación silenciosa del sistema
España no vive una dictadura clásica. Las elecciones existen, los tribunales existen, el Parlamento existe. Pero la soberanía se ha desplazado: del ciudadano hacia los aparatos partidistas. Las listas cerradas convierten al diputado en un empleado. Las negociaciones parlamentarias se subordinan a minorías que condicionan la mayoría. La disciplina interna sustituye al debate. La democracia sigue funcionando como procedimiento, pero pierde calidad como sistema de límites. Y cuando un poder no puede ofrecer prosperidad, acuerdos o estabilidad, siempre puede ofrecer miedo.
las listas cerradas convierten al diputado en un empleado
Si esta deriva continúa, no habrá un golpe de Estado. Habrá algo más lento y más difícil de reparar: la pérdida de confianza en la alternancia, la normalización del bloqueo, la sustitución de la deliberación por la indignación, la erosión diaria de la convivencia. Un país puede seguir funcionando económicamente mientras se descompone cívicamente. Y esa decadencia silenciosa es la más peligrosa.
la pérdida de confianza en la alternancia, la normalización del bloqueo…
Posibles alternativas
No se arregla respondiendo con otra guerra de trincheras. Se arregla recuperando la legitimidad del adversario. Aceptando que el otro no es una amenaza existencial. Reformando las instituciones para que vuelvan a ser árbitros. Abriendo las listas electorales. Despolitizando la memoria. Protegiendo los vínculos cotidianos que aún resisten.
la responsabilidad del presente consiste en no repetir el camino que llevó a España a su tragedia
España no está en 1936, pero sí está aprendiendo a mirar al otro como enemigo. Y ninguna democracia permanece sana cuando una parte del país considera ilegítima a la otra. El proyecto político de Pedro Sánchez no es un golpe clásico. Es algo más sutil: conservar la apariencia de normalidad mientras utiliza la polarización como blindaje y la deslegitimación del adversario como método de supervivencia. No necesita suspender libertades si consigue que los ciudadanos se enfrenten entre ellos. El peligro no es que aparezcan trincheras. El peligro es que, cuando llegue una crisis grave, ya no quede confianza suficiente para resolverla.
La responsabilidad del presente consiste en no repetir el camino que llevó a España a su tragedia. No basta con ganar elecciones. Hay que conservar el país que se pretende gobernar. Y el tiempo de rectificar es ahora, antes de que las familias estén definitivamente rotas y las instituciones convertidas en trincheras.
