EL TRIBUNAL DEL JURADO ENCARNA LA SOBERANÍA POPULAR EN LA JUSTICIA, ACERCANDO AL CIUDADANO AL NÚCLEO DEL ESTADO DE DERECHO. GARANTIZA TRANSPARENCIA, IGUALDAD Y CONTROL DEMOCRÁTICO, RECORDANDO QUE NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY Y QUE LA JUSTICIA PERTENECE, EN ÚLTIMA INSTANCIA, AL PUEBLO Y NO SOLO A JUECES.
La aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado supuso en su momento un verdadero hito en la historia de la democracia española. No sólo por lo que significaba en términos de acercar la justicia al ciudadano, sino porque representaba la consolidación de un principio básico del Estado de Derecho: la participación directa de la sociedad en la administración de justicia en los asuntos penales de mayor trascendencia social.
Conviene recordar que esta ley, aunque presentada públicamente como uno de los logros del entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, fue en realidad impulsada con firmeza por Luciano Valera —magistrado del Tribunal Supremo español que ha criticado la actual Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), calificando el número de causas sometidas al jurado como «ridículo» y sugiriendo que la ley debería ser derogada y reemplazada por una nueva que ampliase los asuntos que deben ser sometidos a su conocimiento—, cuya visión y empeño resultaron decisivos para que España recuperara esta institución de hondas raíces democráticas.
En su momento, el PSOE reivindicó la norma como un símbolo de modernidad y progresismo, un paso más en el camino de la democratización de nuestras instituciones tras décadas de ausencia de garantías ciudadanas ante los tribunales.
Por eso resulta llamativo, e incluso contradictorio, que desde el actual Gobierno se intente eludir la competencia del Tribunal del Jurado en el asunto que afecta a la esposa del presidente Pedro Sánchez.
La coherencia política debería exigir el mismo respeto y confianza hacia una institución que, en su día, fue ensalzada como una conquista democrática. Máxime cuando desde Moncloa no se ha dejado de hablar de lawfare, cuestionando la imparcialidad de los jueces, pero al mismo tiempo se busca apartar a los ciudadanos de ejercer la función soberana que les reconoce la Constitución en la administración de justicia.
el Estado de Derecho se sustenta precisamente en los principios de imperio de la ley e igualdad de todos los españoles ante la ley
El contraste es aún más evidente si recordamos precedentes de enorme trascendencia pública si se le compara con la instrucción y resolución del caso Nóos, que llevó a la Infanta Cristina a sentarse en el banquillo de los acusados y que acabó con la condena de su esposo, Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I y cuñado del actual monarca, Felipe VI.
Aquella causa, que finalmente fue resuelta por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y el Tribunal Supremo, fue asumida como una prueba de la fortaleza del Estado de Derecho: nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera la hermana del Rey.
el Tribunal del Jurado sigue siendo una de las expresiones más palpables de esa igualdad, de ese control ciudadano sobre la justicia
La ciudadanía, no estuvo presente a través del Tribunal del Jurado, que habría avalado con su presencia la legitimidad de un proceso que se habría reforzado la confianza en la justicia española. Algo a lo que debería, precisamente ahora más, aspirar el PSOE y el Gobierno.
El Estado de Derecho se sustenta precisamente en los principios de imperio de la ley e igualdad de todos los españoles ante la ley, sin excepciones ni privilegios. No puede haber espacios de impunidad, ni exoneraciones selectivas, porque la democracia se resquebraja cuando la ley deja de ser la misma para todos.
El Tribunal del Jurado, en su valor simbólico y práctico, sigue siendo una de las expresiones más palpables de esa igualdad, de ese control ciudadano sobre la justicia. Desvirtuarlo o tratar de evitarlo en un caso de evidente relevancia pública no sólo erosiona la confianza en el sistema, sino que contradice la esencia misma de la ley que en su día fue bandera de democratización.
