LA COMPARECENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ TRAS LA CRISIS DE CEUTA VOLVIÓ A EVIDENCIAR UNA FORMA DE GOBERNAR BASADA EN MINIMIZAR EL COSTE POLÍTICO ANTES QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES. LA TEORÍA DE LA EVITACIÓN DE LA CULPA EXPLICA MEJOR SU DISCURSO QUE LOS PROPIOS ACONTECIMIENTOS.
Hubo un tiempo no muy lejano en que las crisis fronterizas eran, ante todo, crisis de soberanía. Me refiero a España, porque en el resto del mundo sigue siendo así. Imaginemos que un contingente humano similar, en porcentaje, hubiera cruzado la frontera sur de Estados Unidos, o el españolísimo Gibraltar, o Francia. Sin embargo, en nuestro país, un asunto tan delicado como la invasión de Ceuta ―porque fue eso y no otra cosa― se ha convertido en una crisis humanitaria justificativa y en una crisis de comunicación.
Los acontecimientos vividos en la ciudad española en África ―también en Melilla― estos últimos días, provocados por una nueva demostración de presión migratoria desde Marruecos, exigen un análisis profundo de nuestra política exterior y de la capacidad del Estado ―más precisamente, del Ejecutivo de Sánchez― para proteger eficazmente nuestras fronteras. Más reveladora aún que la propia crisis fue la comparecencia del presidente del Gobierno: no por lo que explicó, sino porque volvió a poner en escena un patrón político perfectamente reconocible: gobernar evitando la culpa antes que asumiendo la responsabilidad.
La intervención de Pedro Sánchez constituyó un ejemplo casi académico de lo que el politólogo estadounidense Kent Weaver denominó blame avoidance, la política de la evitación de la culpa, según la cual el gobernante contemporáneo procura distribuir responsabilidades, diluirlas o desplazarlas hasta hacerlas prácticamente irreconocibles, frente a la clásica aspiración democrática de responder por las decisiones adoptadas.
El mecanismo resulta ya familiar. Lo practica regular y sistemáticamente Pedro Sánchez por indicación de su jefe de gabinete, Diego Rubio Rodríguez, politólogo y experto en políticas públicas y prospectiva estratégica, del que trataré en otro momento. Digamos simplemente que su mano está detrás de todo cuanto ocurre en torno al polémico presidente español. Ante una crisis, procura siempre presentar los acontecimientos como consecuencia inevitable de factores externos: la responsabilidad se dispersa entre las instituciones europeas, los cuerpos técnicos, las circunstancias geopolíticas o los movimientos migratorios globales. Porque si no existe un responsable identificable, tampoco parece existir responsabilidad política. Lo mismo ocurre con los incendios de estos días: España se quema por la emergencia climática.
La segunda maniobra consiste en redefinir el problema. La cuestión deja de ser la eficacia de la respuesta española para convertirse en una consecuencia inevitable de un contexto internacional complejo. El debate ya no gira sobre si el Gobierno actuó correctamente, sino sobre la dificultad objetiva de la situación. El fracaso deja de ser una decisión para convertirse en una fatalidad.
Después, la estrategia desplaza el foco hacia elementos accesorios: llamadas a la unidad institucional, apelaciones genéricas a la solidaridad europea o referencias a la actuación de otros actores políticos. El relato sustituye al análisis de las decisiones concretas, que es lo que realmente importa.
Y finalmente aparece la búsqueda de corresponsabilidad: si la oposición respalda determinadas medidas, el coste político queda repartido entre todos; si no las respalda, el Gobierno le atribuye la falta de unidad nacional. En ambos casos, que es el auténtico objetivo, el desgaste disminuye para quien ocupa el poder.
No es un fenómeno nuevo en la acción política de Pedro Sánchez. Lo hemos visto desde que se instaló en el poder y se atrincheró ante cualquier motivo de dimisión. Se ha dado con los incendios aún vivos, como acabo de señalar; durante la reforma del sistema de pensiones; en decisiones fiscales altamente impopulares; en la defensa de la ley de amnistía, y en otras iniciativas presentadas reiteradamente como inevitables, exigidas por terceros o impuestas por las circunstancias, incluido el indulto de Laura Borrás ―la tanqueta de Sarriá―. La constante no consiste en defender políticamente una decisión, sino en minimizar el precio de haberla adoptado y, llegado el caso, venderla como un éxito o como algo necesario.
Esta actitud tiene además una explicación psicológica. Daniel Kahneman y Amos Tversky demostraron, mediante la teoría de las perspectivas ―otra que maneja Diego Rubio―, que las personas perciben las pérdidas con mucha mayor intensidad que las ganancias equivalentes. Aplicado al poder, esto significa que un dirigente teme mucho más el coste político de reconocer un error que el beneficio de asumirlo con transparencia.
El resultado es un liderazgo extraordinariamente defensivo, orientado a preservar el relato incluso cuando este termina debilitando la confianza en lo público.
Nada de esto es nuevo: ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville advirtió que las democracias modernas corrían el riesgo de diluir progresivamente la responsabilidad política entre procedimientos, burocracias e instituciones, hasta el punto de dificultar que el ciudadano pudiera identificar quién respondía realmente de las decisiones públicas. La sofisticación administrativa podía terminar erosionando uno de los fundamentos esenciales de la democracia: la responsabilidad del gobernante ante los gobernados.
Y sobre todo ello sobrevuela la posibilidad de que Sánchez culpe a los socios europeos y recurra a su autogenerado perfil de héroe mundial del progresismo antiyankee y frentesionista para culpar a otros de su fracaso. Seguramente ya trabajan en ello en la factoría de Producciones Moncloa, porque la estrategia se le ha visto demasiadas veces. Al tiempo…
Pero, en el caso concreto que nos ocupa, concurre además un elemento que sobrevuela inevitablemente cualquier análisis de las relaciones entre España y Marruecos. El denominado caso Pegasus continúa proyectando una sombra política sobre esa relación bilateral. Diversos sectores sostienen que aquel episodio redujo la capacidad de presión diplomática del Ejecutivo frente a Rabat y explica la extrema cautela con la que el Gobierno aborda cualquier conflicto con el reino alauí. Esa conexión forma parte del debate político y estratégico, aunque no pueda darse por acreditada como un hecho probado.
Mientras tanto, Marruecos desarrolla una estrategia de largo alcance extraordinariamente coherente. La utilización de la presión migratoria como instrumento diplomático, la consolidación de su posición internacional, el fortalecimiento de su economía y su capacidad para convertir los movimientos de población en un elemento de negociación responden a los patrones que la literatura estratégica denomina guerra híbrida: el empleo combinado de instrumentos económicos, demográficos, diplomáticos y de influencia para alcanzar objetivos políticos sin recurrir a un conflicto militar convencional.
lo que difícilmente puede soportar es un liderazgo que convierte la comunicación en sustituto de la responsabilidad política
Dentro de esa lógica, algunos analistas hemos comenzado a hablar de LA GUERRA DEL ESTRECHO como una confrontación permanente de baja intensidad en la que el control de los flujos migratorios, la presión sobre Ceuta y Melilla, las reivindicaciones territoriales y la influencia diplomática ―Estados Unidos como aliado o el Mundial de 2030― constituyen piezas de una misma estrategia nacional marroquí.
El verdadero problema de España no reside únicamente en la presión exterior. Reside también en la incapacidad de su clase dirigente para llamar a las cosas por su nombre. Un Estado puede soportar una crisis fronteriza. Lo que difícilmente puede soportar es un liderazgo que convierte la comunicación en sustituto de la responsabilidad política.
Porque la diferencia entre un estadista y un superviviente político no se mide cuando llegan los aplausos: se mide cuando llegan las crisis. El primero comparece para asumir responsabilidades y ofrecer respuestas; el segundo, para administrar el coste político.
Y cuando el principal objetivo del poder deja de ser proteger al Estado para convertirse en proteger el relato, la política deja de servir a la nación y empieza a servirse de ella.
