Un paquete que arde en un aeropuerto, miles de colegios evacuados por un correo falso, una frontera desbordada tras una campaña en redes. La guerra híbrida no busca conquistar territorio, sino quebrar la voluntad de un país para mantener sus decisiones. Qué es la zona gris, quién la utiliza y cómo pueden responder Europa y España.
En julio de 2024, un paquete procedente de Lituania ardió en el aeropuerto de Leipzig poco antes de ser cargado en un avión. Otros envíos se incendiaron en un almacén británico y en un camión en Polonia. Eurojust coordinó la investigación de los paquetes incendiarios, que permitió relacionar los episodios e identificar a sospechosos de actuar por cuenta de la inteligencia militar rusa. Dos meses antes había ardido una tienda IKEA en Vilna. Un tribunal lituano condenó a uno de los acusados por aquel incendio. Según la fiscalía lituana, las acciones investigadas buscaban sembrar el miedo y reducir el apoyo a Ucrania.
La guerra política recurre a instrumentos diplomáticos, económicos, informativos y clandestinos para alcanzar objetivos de Estado. La guerra híbrida combina medios militares y civiles, regulares e irregulares, para explotar las debilidades del adversario. En la zona gris se ejerce presión por debajo del umbral de la guerra abierta. Coaccionar es intentar que alguien cambie de conducta. Disuadir es convencerlo de que desista por el coste que tendría actuar. La calificación jurídica de cada operación depende de los hechos.
La voluntad política es la capacidad de un país para mantener sus decisiones y asumir sus consecuencias cuando alguien pretende doblegarlo. Ahí se dirige el condicionamiento. Una alarma local puede extender el temor a nuevos ataques, provocar exigencias de protección y terminar condicionando a quienes gobiernan. El agresor no necesita interpelar directamente al Ejecutivo si consigue que sean los ciudadanos, las empresas o los propios aliados los que le transmitan ese miedo.
La guerra política, la guerra híbrida y la zona gris
Clausewitz situó el fin político en el centro de la guerra. Antes de contar drones, incendios o mensajes falsos, conviene hacerse una pregunta: ¿qué quiere conseguir quien los utiliza? Puede intentar detener una ayuda comprometida, impedir una sanción o imponer una situación de hecho. Castigar una decisión anterior no es lo mismo que obligar al adversario a cambiar la siguiente. Esa diferencia permite comprender la lógica de muchas operaciones encubiertas.
George Kennan describió en 1948 la guerra política como el empleo de los recursos nacionales para alcanzar fines políticos sin recurrir a la guerra abierta. Frank Hoffman explicó en 2007 cómo se combinan fuerzas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y delincuencia. El proyecto multinacional MCDC estudió después la coordinación de esos instrumentos. Basta imaginar un sabotaje que interrumpe un servicio y una campaña de falsedades que responsabiliza al Gobierno de las consecuencias.
Michael Mazarr estudió la zona gris como una competencia para ganar posiciones sin provocar una respuesta militar general. Mark Galeotti popularizó la expresión “doctrina Guerásimov” y en 2018 explicó cómo había dado apariencia de estrategia oficial rusa a un análisis publicado en 2013. El general ruso examinaba cómo las protestas podían precipitar una crisis política y qué papel atribuía a Occidente en la Primavera Árabe y las revoluciones de colores. En Georgia, la Revolución de las Rosas de 2003 tomó su nombre de las flores que llevaban los manifestantes al entrar en el Parlamento. En Ucrania, la Revolución Naranja de 2004 recibió esa denominación por el color de la campaña de Víktor Yúshchenko. En ambos casos, las protestas siguieron a la impugnación de resultados electorales.
La influencia sobre conflictos internos de otros países pertenece también a la zona gris. El Parlamento Europeo expresó en febrero de 2024 su preocupación por las informaciones sobre contactos entre dirigentes secesionistas catalanes y representantes rusos, dentro de una investigación más amplia sobre las injerencias del Kremlin en Europa. Con independencia de lo que se determine, la oportunidad estratégica es evidente: aprovechar una fractura territorial o social ajena para debilitar la cohesión de un Estado, amplificar sus tensiones y distraer recursos sin desplegar un ejército.
Guillem Colom explica en un Documento de Opinión del IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) cómo el agresor conserva la iniciativa al dosificar la coacción. Al espaciar sus acciones, puede conseguir que el país atacado las investigue por separado.
Infundir terror para modificar una decisión
Thomas Schelling explicó que la posibilidad de causar daño también otorga poder negociador. La amenaza importa, sobre todo, por lo que aún puede ocurrir. La coacción funciona si el destinatario cree que ceder evitará nuevos perjuicios. En el incendio de Vilna, la fiscalía lituana vinculó la finalidad de los responsables con el apoyo a Ucrania. Otra cuestión, que requiere pruebas distintas, es si esa política llegó a modificarse a causa de la agresión. El miedo suele ser inmediato; la concesión, no.
Andrew Kydd y Barbara Walter distinguieron varias estrategias terroristas, entre ellas la intimidación, el desgaste y la provocación. La primera pretende imponer obediencia mediante el miedo; la segunda, elevar tanto los costes que el adversario abandone su posición; la tercera, empujarlo a una reacción desmedida que dañe su legitimidad o abra divisiones internas. Por eso hay que distinguir entre evacuar una instalación mientras se verifica una amenaza y paralizarla indefinidamente. La Directiva europea sobre terrorismo establece que determinados delitos han de calificarse como terroristas cuando persiguen intimidar gravemente a la población u obligar a un Gobierno a actuar contra su voluntad, siempre que se cumplan los demás requisitos legales.
Una tienda abierta al público o un avión de pasajeros son objetivos sensibles porque forman parte de la vida cotidiana. Pensemos en las consecuencias de aquel incendio si se hubiera producido en pleno vuelo. Los cierres, las cancelaciones y las precauciones tienen un coste incluso cuando están justificados. Actuar en secreto protege a quienes organizan la operación y dificulta que el destinatario sepa qué le exigen. En ocasiones, el miedo refuerza la decisión que se pretendía quebrar.
El ISW informó el 6 de noviembre de amenazas de bomba coordinadas contra objetivos europeos. Los Estados afectados aún no habían identificado a los responsables. La coincidencia de fechas y métodos justifica una investigación conjunta, teniendo en cuenta todos los parámetros.
un aviso falso causa un daño real sin un solo gramo de explosivo
Entre el 3 y el 6 de noviembre, los avisos obligaron a desviar vuelos y movilizar cazas y artificieros. También afectaron a medios de comunicación, entre ellos la radiotelevisión irlandesa RTÉ. “Associated Press” recogió los incidentes del día 6. A ello se suman los ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados franceses y bancos de sangre europeos. La opacidad propia de la zona gris impide, por el momento, establecer si existe una autoría común.
El 11 de noviembre, la amenaza llegó a las aulas. Unos 6.300 centros italianos recibieron avisos de bomba por correo electrónico y al menos 300 fueron evacuados. También se amenazó a la primera ministra, Giorgia Meloni. Hubo mensajes similares en Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia. La policía norirlandesa confirmó que el mismo mensaje había llegado a más de 300 establecimientos educativos, remitido desde fuera del Reino Unido, y que las comprobaciones no habían detectado peligro. Las informaciones publicadas en la madrugada del 12 situaban los hechos en vísperas de la reunión de dirigentes europeos en Dublín.
¿Cuánto cuesta enviar un correo y cuánto comprobar que no hay una bomba? En un colegio, el efecto alcanza a los niños, sus padres y las empresas donde estos trabajan. Un aviso falso causa un daño real sin un solo gramo de explosivo. La cuestión es cómo proteger a la población sin dejar que un desconocido paralice un país a voluntad. La sucesión de falsas alarmas plantea otro peligro: que la siguiente amenaza, esta vez cierta, encuentre a una sociedad menos vigilante. De ahí la importancia de evaluar cada alerta, compartir indicios entre países y ajustar la respuesta a la información disponible.
Una campaña puede buscar, además, que una alianza se divida. Si el perjuicio se concentra en un solo país mientras los demás mantienen la política común, sus dirigentes soportan una presión interna distinta. La solidaridad se demuestra cuando los socios comparten los costes y no cuando cada cual negocia una salida particular. En este último caso, una operación materialmente pequeña acaba produciendo una fractura diplomática mucho mayor.
Las evidencias de los ataques con paquetes incendiarios estaban repartidas entre aeropuertos, transportistas y jurisdicciones. El equipo conjunto apoyado por Eurojust pudo establecer la conexión entre los episodios. Identificar al ejecutor es el primer paso. Para atribuir la responsabilidad de un ataque a un Estado hay que reconstruir los pagos, las comunicaciones y el papel de los intermediarios. Los indicios pueden bastar para proteger una instalación. Una acusación pública exige pruebas más sólidas.
El espionaje industrial añade otra dimensión. En noviembre de 2026, el consejo de Nvidia abrió una investigación independiente acerca de las informaciones que señalaban a su consejero delegado, Jensen Huang, como posible objetivo de una operación de inteligencia china a través de su relación con la empresaria Alice Huang. La compañía afirmó que no tenía motivos para creer comprometidos sus secretos ni la seguridad nacional. Las pesquisas anunciadas por la compañía ponen de relieve la vulnerabilidad de quienes manejan información estratégica. La pugna por los semiconductores y la inteligencia artificial también se libra mediante redes comerciales, intermediarios y controles a la exportación: Reuters documentó compras de chips restringidos por instituciones chinas.
El 11 de noviembre, Reuters cifró en más de 427.000 millones de dólares la pérdida de capitalización bursátil de Nvidia en dos sesiones, en medio de las dudas de la continuidad de su consejero delegado y de una caída general del sector tecnológico. Ya en mayo, Culper Research, una firma que había apostado a la baja, publicó un informe de los vínculos de Nvidia con China y la relación de ambos empresarios. ¿Se pretendía obtener información, acceder a tecnología restringida o condicionar la dirección de una compañía de la que depende buena parte del desarrollo mundial de la IA? ¿Quién podría beneficiarse de su debilitamiento? ¿Se trata de una maniobra especulativa?
La cuestión trasciende el caso de esta empresa. Quien controla los semiconductores avanzados, la capacidad de cálculo, los centros de datos y el acceso a los modelos de IA puede condicionar el desarrollo industrial y militar de otros países. El espionaje persigue esos recursos; la presión financiera, las restricciones comerciales o una crisis de confianza es capaz de alterar las decisiones empresariales. Conviene investigar si existen vínculos entre quienes obtienen datos, los responsables de difundirlos y los beneficiarios de sus efectos, sin confundir la convergencia de intereses con una actuación concertada.
¿Se utiliza ya la inteligencia artificial en la zona gris? En junio de 2026, OpenAI documentó una campaña de influencia sobre la política tecnológica estadounidense en la que cuentas probablemente originarias de China recurrieron a sus modelos para generar mensajes respecto a aranceles y las limitaciones al comercio. En agosto, la misma empresa descubrió una operación de origen ruso que se apoyaba en publicaciones generadas con IA y en una supuesta comunidad de expertos para dar credibilidad a posiciones favorables a Moscú. La IA facilita la producción de contenidos en varios idiomas, la suplantación y el análisis masivo de datos. Hasta el momento, no hay pruebas públicas de que se haya empleado en los recientes avisos de bomba o para manipular la cotización de Nvidia. Pero la posibilidad existe y obliga a proteger tanto la información como la infraestructura tecnológica que permite procesarla.
El teléfono móvil ha abierto otra vía de acceso a datos personales y a la intimidad. La infección con Pegasus de los dispositivos del presidente y varios miembros del Gobierno motivó una investigación judicial, reabierta en 2024 con indicios procedente de Francia. Identificar al autor material y al Estado responsable requiere nuevas pruebas. Por otra parte, Amnistía Internacional documentó en octubre de 2026 el empleo de Pegasus por la inteligencia interior marroquí contra periodistas y defensores de derechos humanos entre 2017 y 2021, apoyándose en pruebas técnicas y testimonios. El acceso a mensajes, contactos y conversaciones permite anticipar decisiones, ejercer presión o comprometer a quien debe tomarlas.
De los sabotajes a las bases: Rusia y el siguiente umbral
Estas acciones pueden servir para comprobar cómo reaccionan los aliados antes de que se produzca una crisis militar. No es necesario atribuir todos los incidentes a una sola dirección para tomarse en serio ese riesgo. La OTAN considera a Rusia la amenaza más significativa y directa para su seguridad y ha señalado entre sus prácticas la desinformación, las interferencias electrónicas y los actos de sabotaje. Un informe de la Cámara de los Comunes británica, publicado el 4 de noviembre de 2026, reúne actividades vinculadas o atribuidas a Rusia, aunque no todas cuentan con el mismo grado de acreditación.
El Institute for the Study of War (ISW) informó el 11 de junio de 2026 de la construcción de instalaciones en Novaya Vilga, cerca de Petrozavodsk, con capacidad estimada para albergar entre 4.000 y 6.000 militares, así como de obras en Péchenga y en la zona de Baltiysk, en Kaliningrado. Estas infraestructuras podrían facilitar el despliegue de unidades hacia el flanco oriental cuando cambie la situación en Ucrania.
El 17 de agosto, el ISW recogió informaciones sobre 59 nuevas rampas para lanzar drones en diez emplazamientos del oeste de Rusia. Su uso inmediato podría reforzar los ataques contra Ucrania, aunque algunas de esas capacidades serían aprovechables ante un enfrentamiento con la OTAN.
¿Qué ocurriría si se detuvieran los combates en Ucrania? Rusia podría relevar unidades, instruir tropas y reponer material para otros escenarios. Una tregua con garantías verificables contribuiría a reducir la tensión. El European Council on Foreign Relations examina cómo cambiaría el riesgo si al cese de las operaciones y a la recuperación militar rusa se sumara una OTAN políticamente dividida. El peligro aumentaría si Moscú creyera que una acción limitada le permitiría obtener concesiones antes de que los aliados acordaran cómo responder.
En agosto, la prensa estratégica examinó la posibilidad de una agresión limitada con drones, misiles o pequeñas incursiones que buscara poner a prueba el artículo 5 de la OTAN. En septiembre desarrolló un escenario teórico alrededor de Narva, ciudad estonia fronteriza con Rusia. La hipótesis merece atención por su objetivo político: una acción de alcance limitado podría intentar demostrar que la Alianza no es capaz de responder unida. No haría falta conquistar una extensión importante de territorio para provocar una crisis de confianza.
El análisis prospectivo de los movimientos de un posible adversario debe separar cuatro escalones: intención política, capacidad material, oportunidad operativa y decisión de empleo. Una instalación nueva acredita, en principio, infraestructura; la presencia estable de unidades confirmaría su despliegue; munición, logística y mando preparados indicarían disponibilidad; la orden de ataque exige evidencias diferentes. El riesgo aumenta con la combinación de factores, no solo con una fotografía de satélite aislada. También debe contemplarse la hipótesis contraria: que la acumulación persiga disuasión, protección fronteriza o presión negociadora, sin preludiar una ofensiva inminente.
De la Marcha Verde a Ceuta
En 1975, Marruecos convirtió una movilización de civiles en un instrumento de hostigamiento sobre España. La Corte Internacional de Justicia había reconocido algunos vínculos históricos con el Sáhara Occidental, sin considerarlos títulos de soberanía que anulasen el derecho de autodeterminación. El 6 de noviembre, el Consejo de Seguridad deploró la Marcha Verde y reclamó la retirada de sus participantes. Para nuestro país, la presencia de miles de personas aparentemente desarmadas complicaba cualquier respuesta por la fuerza. La maniobra consistió, precisamente, en trasladar al Gobierno español el coste político y humano de aquella decisión.
En julio de 2002, la crisis del islote Perejil volvió a plantearnos cómo responder a una acción limitada sin que el incidente desembocara en un enfrentamiento mayor. Javier Jordán estudió aquel episodio desde la perspectiva de la amenaza híbrida. El caso ayuda a entender el dilema que afronta un Gobierno cuando debe decidir con rapidez qué medios emplear y hasta dónde llegar.
En junio de 2021, el Parlamento Europeo condenó el uso del control fronterizo, la inmigración y los menores como instrumentos de presión durante la crisis de Ceuta. El 17 de septiembre de 2026 volvió a pronunciarse sobre la instrumentalización de la inmigración irregular tras las entradas de julio y pidió reforzar la frontera exterior europea. Ambas resoluciones fijan la posición de la Eurocámara. Para esclarecer qué decisiones tomó el Gobierno hay que acudir a los registros de la actuación de sus autoridades.
El 29 de julio, a las 13:53 h, el CNI avisó a una unidad de la Guardia Civil de que se promovían en redes sociales entradas a nado y por la valla para el día siguiente. La información difundida por La Moncloa identifica la hora y el destinatario de la alerta; falta esclarecer qué decisiones se tomaron después, qué refuerzos estaban disponibles y cuándo se movilizaron. No era necesario dar por confirmada la amenaza para adoptar precauciones reversibles. España debe poder vigilar sus fronteras, auxiliar a quienes estén en peligro y reforzar sus dispositivos con medios propios. La cooperación con Marruecos sigue siendo necesaria, sin sustituir la responsabilidad de las autoridades españolas. Investigar una posible intervención exterior y evaluar los errores de previsión y reacción son obligaciones compatibles.
La dimensión digital de la crisis fue tangible. Una investigación periodística identificó grupos de WhatsApp y Facebook y decenas de cuentas de Instagram que difundían rutas y convocatorias de nuevos cruces. El Gobierno reconoció la circulación de rumores sobre la apertura de la frontera y las devoluciones, junto con campañas de desinformación que alentaron las entradas. Precisamente por eso es necesario reconstruir quién promueve estas iniciativas, quién las amplifica y quién se beneficia de ellas.
Marruecos también necesita a España y a Europa. La Comisión Europea reconoce a la Unión como su principal socio comercial y mayor inversor extranjero. Esa relación proporciona efectos de presión diplomática y económica que Madrid debería saber utilizar. Las preferencias comerciales, los programas de cooperación y los acuerdos sectoriales no pueden quedar al margen cuando se utiliza la frontera para forzar decisiones políticas. España debe llevar estos hechos a Bruselas y exigir una respuesta europea proporcionada a la gravedad de los hechos. Existen, además, precedentes jurídicos relevantes: en octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE estableció que los acuerdos de pesca y productos agrícolas aplicados al Sáhara Occidental requerían el consentimiento del pueblo saharaui. La cuestión es qué se ha exigido a Marruecos, qué ha planteado ante sus socios europeos y qué resultados ha obtenido.
si cada episodio de presión termina proporcionando ventajas a quien lo provoca, estaremos alimentando la siguiente crisis
Europa ya ha demostrado que actúa cuando la inmigración se utiliza como arma de presión. En diciembre de 2021, la Unión Europea sancionó a responsables, compañías aéreas y operadores turísticos implicados en la instrumentalización de migrantes desde Bielorrusia. Ante Marruecos, en cambio, ha prevalecido la negociación, incluso en situaciones que merecían una intervención más exigente. Eso no impide investigar y perseguir a quienes organizan o facilitan esos desplazamientos con fines políticos o delictivos. España necesita una estrategia que combine medios propios, cooperación europea y consecuencias diplomáticas y económicas cuando existan responsabilidades acreditadas. Porque si cada episodio de presión termina proporcionando ventajas a quien lo provoca, estaremos alimentando la siguiente crisis.
Argelia, Marruecos y el flanco sur
La frontera terrestre entre Argelia y Marruecos está cerrada desde 1994. A la rivalidad diplomática y militar se añade el Sáhara Occidental, donde sus posiciones son opuestas. España observa esa tensión desde una proximidad que afecta al Estrecho, al abastecimiento energético, a las comunicaciones y a su propia seguridad. Argelia mantiene una cooperación militar con Rusia, un dato relevante para interpretar el equilibrio regional y cuyos riesgos deben estudiarse.
El 30 de octubre de 2026, Rusia vetó una propuesta estadounidense que pretendía renovar y modificar el mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, la MINURSO. La opción de Moscú tampoco consiguió ser aprobada y el mandato expiró el 31 de octubre. Naciones Unidas anunció la retirada ordenada del contingente y su intención de mantener la vía diplomática. Lo sucedido muestra hasta qué punto una disputa próxima a nuestras fronteras puede verse condicionada por la rivalidad entre grandes potencias. Sus repercusiones en las relaciones entre Argelia y Marruecos merecen especial atención.
La tensión ha aumentado. El 10 de noviembre, el Frente Polisario declaró una movilización general contra Marruecos y llamó a la población saharaui a prepararse. Su dirección denunció concentraciones y movimientos de tropas marroquíes a lo largo del muro del Sáhara Occidental; la existencia y el alcance militar de esos despliegues deben contrastarse de manera independiente. Esta decisión sitúa la disputa en un momento delicado: desaparecido el dispositivo de observación de la ONU, una maniobra, un incidente fronterizo o un error de interpretación pueden tener mayores consecuencias. Para España, anticiparse supone seguir la situación sobre el terreno, mantener canales diplomáticos con las partes y preparar respuestas ante posibles efectos sobre el Estrecho, Ceuta, Melilla y la estabilidad del Magreb.
Las guerras que apenas llegan a los titulares
La competición estratégica no se limita a Ucrania ni al frente europeo. En el Sahel, la violencia yihadista, los golpes de Estado y la intervención de fuerzas extranjeras han alterado equilibrios que repercuten en la seguridad mediterránea. En Mali, Amnistía Internacional documentó en septiembre de 2026 graves violaciones cometidas durante operaciones conjuntas de las fuerzas malienses y miembros de Wagner entre 2023 y 2025. La presencia de mercenarios y estructuras sucesoras ligadas a Rusia obliga a examinar la relación entre seguridad, influencia política y acceso a los recursos del continente africano. La pregunta es: ¿quién dirige realmente la fuerza, ante quién responde y qué ocurre cuando el Gobierno contratante no es capaz de supervisarla? Externalizar la violencia nunca debería significar externalizar la responsabilidad.
En Nigeria, las matanzas de cristianos tienen nombres y lugares concretos. La noche del 13 de junio de 2025, un grupo armado atacó Yelewata, en el estado de Benue, e incendió edificios donde dormían familias que ya habían huido de la violencia. Amnistía Internacional cifró en torno a un centenar los muertos, según Reuters. Ayuda a la Iglesia Necesitada recogió el testimonio del clero local sobre el asesinato de los cristianos que se habían refugiado allí.
externalizar la violencia nunca debería significar externalizar la responsabilidad
En 2026, expertos de Naciones Unidas denunciaron ataques y secuestros que afectaban a mujeres y niñas cristianas y de otras minorías religiosas, así como casos de conversión y matrimonio forzados. En el norte y el centro de Nigeria coinciden la violencia yihadista, el bandolerismo y las disputas por la tierra. Allí donde se ataca a una comunidad por su fe, hay que hablar de persecución religiosa. Nigeria, Sudán, la región de los Grandes Lagos y el Sahel apenas ocupan espacio en el debate europeo, pese a las vidas que se pierden, las familias que se ven obligadas a huir y las consecuencias para la estabilidad de esos países.
Qué pueden hacer la ONU, la OTAN, la UE y España
La respuesta internacional tiene límites jurídicos precisos. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe, en su artículo 2.4, la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y reconoce en el artículo 51 el derecho de legítima defensa ante un ataque armado. Una referencia útil es la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1986 sobre las actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en Nicaragua y contra Nicaragua. Allí, la Corte distinguió entre las formas más graves de uso de la fuerza y otras de menor entidad, y examinó cuándo el envío de grupos armados puede constituir un ataque armado por su escala y sus efectos. El precedente ayuda a entender que llamar “híbrida” a una agresión no resuelve su calificación jurídica: lo que importa son los hechos, su gravedad y la atribución de responsabilidades.
El artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte permite a cualquier aliado solicitar consultas cuando considere amenazadas su integridad territorial, su independencia política o su seguridad. El Concepto Estratégico de Madrid de 2022 admite que determinadas operaciones híbridas puedan alcanzar la gravedad de un ataque armado y dar lugar a la aplicación del artículo 5. Por eso recurrir a este mecanismo permite compartir inteligencia, contrastar indicios y preparar opciones antes de que un incidente se agrave.
un organigrama solo sirve si, llegado el momento, funciona
Dicho precepto tampoco exige una respuesta militar automática e idéntica de todos los países. Cada aliado debe adoptar las medidas que juzgue necesarias, incluida, en su caso, la fuerza armada, para asistir al agredido. Quien diseñe una incursión pequeña confiando en la indecisión aliada puede equivocarse de cálculo. Lo esencial es que la Alianza disponga de criterios y procedimientos claros y de medios para responder sin depender de improvisaciones.
La Unión Europea cuenta desde 2022 con un marco para coordinar respuestas frente a campañas híbridas. Le permite recurrir, según el caso, a cooperación operativa, instrumentos diplomáticos y sanciones. Su intervención resulta especialmente importante cuando se ven afectados varios Estados o infraestructuras que atraviesan fronteras. La asistencia mutua prevista en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea responde, en cambio, a una agresión armada contra el territorio de un Estado miembro. Cada mecanismo tiene sus condiciones y sus posibilidades.
En España, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, todavía vigente, contempla las amenazas híbridas. En abril de 2025 se inició formalmente su revisión para adaptarla a un escenario internacional profundamente alterado por la invasión de Ucrania, la creciente conflictividad en el Sahel y la intensificación de las operaciones híbridas. A noviembre de 2026, el proceso aún no se ha materializado en una nueva estrategia aprobada.
La Ley 36/2015 permite declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional cuando una crisis exige coordinación reforzada. Interior, Defensa, los servicios de inteligencia y las demás administraciones conservan sus competencias para reunir datos, fijar prioridades y dar las órdenes. Un organigrama solo sirve si, llegado el momento, funciona.
El control parlamentario debería comprobar si los avisos llegan a los responsables adecuados y si existen recursos suficientes para actuar. La información que comprometa fuentes u operaciones puede examinarse por cauces reservados. Las decisiones administrativas y políticas que admitan publicidad deben poder explicarse: la seguridad requiere medios y rendición de cuentas.
Disuadir sin ceder la iniciativa
Mantener operativo un aeropuerto bajo restricciones o disponer de rutas logísticas alternativas dificulta que el sabotaje logre su propósito. La capacidad de continuidad se comprueba en ejercicios, no con planes que nadie ha puesto a prueba.
Javier Jordán plantea en la Revista Española de Ciencia Política que la disuasión en la zona gris se construye con respuestas sucesivas, creíbles y ajustadas a cada incidente. Desarticular una célula puede frustrar una operación. Una advertencia reservada o una atribución pública bien fundada pueden encarecer cualquier intento de repetirla. Antes de hacer públicas las pruebas, conviene valorar qué fuentes quedarían expuestas y cuánto se perdería para prevenir el siguiente ataque.
Son las dos vías de la disuasión: frustrar los objetivos del agresor y elevar el coste de sus acciones. A los instrumentos europeos ya descritos se añaden las capacidades españolas. El Mando Conjunto del Ciberespacio tiene encomendadas operaciones en ese ámbito y puede responder dentro de su cometido con medidas legítimas, oportunas y proporcionadas. En el Instituto Español de Estudios Estratégicos, Miguel Ángel Pérez ha estudiado cómo adaptar los mecanismos disuasorios a conflictos que combinan medios convencionales e híbridos. El resultado se mide por el efecto de la reacción en el cálculo del adversario y por la capacidad de contener la escalada.
En las primeras horas de una crisis, el ciudadano necesita saber qué servicio ha fallado, cómo debe actuar y cuándo recibirá nueva información. Quien dirige la respuesta ha de explicar las medidas adoptadas y las cuestiones pendientes de esclarecer. Dar por seguro algo que aún se está comprobando puede hacer que la gente desconfíe de la siguiente instrucción, incluso si es acertada.
De la anticipación a la libertad de decidir
Anticiparse exige conocer los objetivos del adversario, sus medios y las vulnerabilidades que podría aprovechar. Se deben ensayar sabotajes simultáneos, interrupciones de servicios esenciales y presiones sostenidas junto a los ministerios, los cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas y los aliados. Cada ejercicio ha de comprobar la activación de las alertas, la autoridad para decidir, los recursos disponibles y la obtención de pruebas. La utilidad de esa preparación se mide por lo que funciona cuando llega una crisis.
Hay que calcular también las consecuencias de cada respuesta. Una concesión puede alimentar nuevas exigencias, y una reacción precipitada proporcionar al agresor la excusa que buscaba. La firmeza no consiste en responder con mayor contundencia, sino en disponer de alternativas, actuar a tiempo y evitar que sea el adversario quien marque nuestro ritmo. Para ello hacen falta inteligencia compartida, coordinación europea, activos suficientes y una dirección política capaz de asumir sus responsabilidades.
Tampoco cabe dar por superada una crisis porque se haya reabierto un aeropuerto, restablecido un servicio o detenido a sus autores. Hay que averiguar qué pretendían conseguir, si lograron alterar nuestra conducta, la información que obtuvieron de la capacidad de respuesta del país. Incluso un ataque frustrado debe servir para descubrir nuestras debilidades y preparar el siguiente. Ignorar esas lecciones sería tan peligroso como confundir cualquier incidente con el comienzo inevitable de una guerra.
España debe medir su seguridad por hechos, no por declaraciones: saber cuánto se tarda en reforzar una frontera, qué servicios resisten una interrupción prolongada, conocer los recursos disponibles y quién puede movilizarlos antes de que el daño sea irreversible. Eso exige inversión, preparación y responsabilidades bien definidas. Sobre todo, voluntad política para defender los intereses nacionales sin aceptar que la intimidación determine nuestras decisiones.
Porque, una vez apagado el incendio y recuperada la normalidad, queda la pregunta: ¿hemos conservado nuestra libertad de decidir? Un Gobierno puede modificar su política cuando lo aconseje el interés nacional, y debe explicar sus razones. Lo que nunca debería ocurrir es que cambie de rumbo por temor a que alguien vuelva a prender fuego.
