DE MODO CALCULADO, FORZANDO Y RETORCIENDO LA HISTORIA, Y DESORBITANDO LA RAZÓN POLÍTICA, A GRANADA SE LA HA HECHO DESAPARECER DEL MAPA DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, EN UN FENÓMENO QUE BIEN PODRÍA CALIFICARSE DE OCULTACIÓN DE UN TERRITORIO HISTÓRICO PARA HACER NACER UNA FICCIÓN.
La «Gran Andalucía»
Granada nunca fue Andalucía. O si se quiere, fue, o su territorio es, una de las dos andalucías, según una terminología descriptiva que se puede encontrar en algunos textos desde mediados del siglo XVII, que acogen la referencia a la división de la región española al sur de la Bética, que se extiende hasta el litoral mediterráneo y atlántico en dos zonas, denominadas la alta y la baja Andalucía —y también, desde 1847, como Andalucía Oriental—.
Esta utilización se produce al identificarse genéricamente la alta y la baja con Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, atendiendo a diferencias físicas, geográficas, demográficas y económicas, siempre presentes y estudiadas separadamente, como no podía ser de otro modo. Véase, por ejemplo, como trabajo intermedio en el tiempo, ni lejano, ni reciente, la obra “Factores de la estructura socioeconómica de Andalucía oriental”, de José Cazorla Pérez, del año 1965. Y también, no digamos ya, los trabajos de Joaquín Bosque Maurel o de tantos otros académicos que podrían citarse.
Es muy significativo que el profesor Bosque, en su obra cumbre, «Geografía Urbana de Granada (1962)«, exponga ya entonces, que
“Granada es una capital de una importancia notable en el panorama nacional, que no se corresponde ni con su nivel económico, ni demográfico, pero que responde a su singularidad histórica ancestral, que le es negada y disputada por Málaga y Sevilla”.
Si el insigne catedrático de la universidad granadina contemplara hoy, en 2023, lo sucedido en Granada después de 42 años de Andalucía, afirmaría, que aquello que afirmaba y denunciaba, prácticamente se ha conseguido ya con la autonomía andaluza.
Oriente y Occidente
Las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla forman la Andalucía Occidental o Baja Andalucía; mientras que las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga forman la Andalucía Oriental, Alta Andalucía o Reino de Granada, al que se le habría sumado Jaén, cuyo territorio viene a coincidir aproximadamente con la actual provincia. Este territorio histórico que ostenta, a diferencia de la otra región sureña, el ser considerado uno de los «cinco reinos históricos que forman España», ha sido eliminado del panorama territorial actual a pesar de su inequívoca trayectoria histórica y contemporánea.
Aún hoy permanece presente en el escudo de armas del reino de España, aprobado mediante Ley 33/1981, de 5 de octubre, como en toda la heráldica patria desde 1492 hasta nuestros días.
En efecto, si se observa el escudo de España, el actual o cualquiera de los existentes con anterioridad, incluido el aprobado tras la desaparición del régimen del General Franco y estuvo vigente durante el tiempo de la transición política, en el que comienza a gestarse el estado regional autonómico, las armas del reino de Granada estaban presentes. Los cuarteles del escudo siempre han estado ocupados por las armas de Castilla, León, Navarra y Aragón, e invariablemente, ocupando el espacio del entado en punta, por las armas de Granada: el símbolo de la granada.
Qué fue del quinto reino
Todos los antiguos reinos origen de nuestro país, excepto el de Granada, tienen presencia en el panorama autonómico actual, con su nombre y denominación. Incluso territorios con nula o escasa identidad histórica, que fueron partes integrantes de uno de los antiguos reinos origen, tienen su propia región o autonomía. Incluso habrá quien trate de argumentar que León y Castilla son una única comunidad, pero amén de los intentos de separación posteriores que ahora se acentúan y que han llegado incluso al Tribunal Constitucional en al menos dos ocasiones, nadie podrá negar la presencia visible del territorio leonés en el panorama político actual.
No ocurre así en el caso de la provocada autonomía del Sur de España, que, ni por rigor histórico ni por respeto, se dio en denominar Andalucía y Granada, sino sólo Andalucía, territorio sin historia ni trayectoria política o administrativa conocida, por mucho que se trate de pergeñar una historia falsa en lugares tan llamativos como el Preámbulo del actual Estatuto de 2007.
La clasificación regional de las provincias —meramente ordenativa y clasificatoria—, que se hizo por el lejano decreto de Javier de Burgos, de 30 de noviembre de 1833, sobre el que tanto ha llovido y que tanto ha marcado el destino reciente de Granada y su histórica zona de influencia, responde a la suma de varios antiguos territorios. Al menos dos, Andalucía y Granada. O, si se quiere, de cuatro antiguos reinos. Tres ya unidos por Castilla entre 1236 y 1248: Córdoba, Jaén y Sevilla; y el reino de Granada, con personalidad propia por razones históricas, políticas, administrativas y jurídicas, derivadas principalmente de las capitulaciones de 1491.
La Andalucía, como la llamó el afrancesado administrativista motrileño, fue solo una ficción plasmada en su trabajo, que no tenía, ni tuvo nunca, hasta 1978, en que se constituye la Junta Preautonómica de Andalucía, virtualidad jurídica, política y administrativa, alguna. Otro fenómeno que tiene plasmación material en lo que podría denominarse la eliminación del quinto reino presente como realidad en el escudo de España.
El referéndum
La Junta Preautonómica fue el organismo administrativo iniciador del concepto de Andalucía, que gestionó la creación de la actual comunidad entre 1978 y 1982, año en el que tomó posesión el primer gobierno autonómico, no sin protestas de determinados sectores sociopolíticos del oriente. Éstos fueron pronto amalgamados y silenciados, bien por la negociación o por la negación política, generada durante el proceso y más especialmente tras los resultados del referéndum del 28 de febrero de 1980. La voluntad popular sobre la iniciativa autonómica del art. 151 de la Constitución tuvo que ser suplida, al menos en el caso de Almería —decimos al menos— por las leyes orgánicas números 12 y 13 de 1980, ambas de igual fecha, 16 de diciembre, para incorporarla forzadamente al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas, constituyendo sendas normas una auténtica chapuza democrática y jurídica. Por ambas leyes, que mutaron el contenido y el mandato constitucional realmente, quedó conformada la actual gran Andalucía, que se había promovido por el “ente preautonómico”, bastante descriptivo de su intencionalidad, si se atiende a su composición.
La voluntad popular sobre la iniciativa autonómica del art. 151 de la Constitución tuvo que ser suplida, al menos en el caso de Almería —decimos al menos— por las leyes orgánicas números 12 y 13 de 1980, ambas de igual fecha, 16 de diciembre
Primer gobierno: una reflexión.
El primer gobierno preautonómico, constituido el 2 de junio de 1978, estaba presidido por Plácido Fernández Viagas (Sevilla), y estaba integrado por los siguientes miembros: Carlos Navarrete Merino (Consejero de Trabajo), Carlos Sanjuán de la Rocha (Consejero de Interior), Alfonso Lazo Díaz (Consejero de Cultura), Rafael Escuredo Rodríguez (Consejero de Obras Públicas), Francisco de la Torre Prados (Consejero de Agricultura), Eugenio Alés Pérez (Consejero de Educación), Antonio José Delgado de Jesús (Consejero de Sanidad y Seguridad Social) y Tomás García García (Consejero de Industria). Todos los miembros sin excepción estaban vinculados con Sevilla y Málaga, y ninguno, sin excepción, con Granada o con (pondría “con”) el oriente del territorio pergeñado.
Ello lleva a muchas reflexiones históricas. Tal vez a demasiadas. Pero la última muy reciente, expuesta por uno de aquellos primigenios consejeros, Francisco de la Torre, actual alcalde de Málaga, que el mes de junio de 2017, en una conferencia pronunciada en el seno del granadino Club de la Constitución, a preguntas de uno de los asistentes, respondió que:
“la unión de los territorios del oriente y del occidente en una única Andalucía, la actual, fue cuestión de pacto político forzado para asegurar una mayoría holgada al PSOE y a las fuerzas de izquierda, que con la presencia aún no definida de las que después serían “ciudades autónomas”, Ceuta y Melilla, no tenían”.
Complicidad y pactos políticos
Solo el silencio interesado y la permisibilidad política y cómplice de los representantes públicos de Granada y de las provincias orientales, especialmente de los de Almería, tal y como se recoge en el texto, escueto, pero claramente explicativo, de la Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre, acabaron de este modo con la trayectoria histórica de todo un territorio natural e histórico. Los intereses políticos cedidos y sindicados en el poder centralizador de las organizaciones políticas del momento, como ahora, pudieron más que la historia.
Los intereses políticos cedidos y sindicados en el poder centralizador de las organizaciones políticas del momento, como ahora, pudieron más que la historia.
No hay un origen mítico de la actual gran Andalucía, y sí un origen interesado, para el cual era necesario eliminar las aspiraciones regionalistas y autonómicas del oriente, que las hubo y muy intensas. A renglón seguido vino la construcción falsaria de una simbología estridente, como ya hemos abordado.
