España crece más que las grandes economías europeas y la Seguridad Social encadena un récord de afiliados tras otro. Sin embargo, la riqueza por habitante apenas se mueve, los sueldos se pagan al mínimo y la generación más formada de nuestra historia trabaja por debajo de su nivel o hace las maletas. Esta serie de artículos analiza por qué: un modelo que suma gente en lugar de sumar productividad, y cuya factura pagan las clases medias y trabajadoras.
El espejismo del PIB: más volumen no es más prosperidad
El relato económico oficial se apoya en una confusión interesada entre el tamaño de una economía y el bienestar de quienes viven en ella. Cada cierto tiempo, el Gobierno exhibe las tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB), que colocan a España a la cabeza de las grandes economías de la Unión Europea, como prueba de un modelo productivo dinámico y solvente. Pero si se mira la contabilidad nacional con calma, ese dinamismo no sale de mejoras de calidad —más eficiencia, innovación o inversión en maquinaria y tecnología—, sino de algo mucho más simple: hay más gente consumiendo lo básico.
El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en un territorio durante un periodo. Y al indicador le da igual cómo se llega a esa cifra: suma con el mismo signo positivo una patente de semiconductores de alto valor añadido que cientos de miles de barras de pan, abonos de autobús o contratos de móvil baratos que los nuevos residentes necesitan para vivir. Si el censo gana cada año cientos de miles de personas por la llegada continuada de inmigrantes, el consumo total crece por pura inercia: hay más bocas que alimentar, más cuerpos que vestir, más viviendas que ocupar y más desplazamientos que hacer.
Lo que de verdad mide la prosperidad no es el PIB total, sino el PIB por habitante ajustado al poder adquisitivo, es decir, a lo que cuestan realmente las cosas en cada país. Y ahí las cifras desmontan el triunfalismo:
- El PIB total ya ha superado los niveles previos a la pandemia, pero el PIB por habitante lleva años estancado y no recorta la distancia con Europa: en 2025 se quedó en el 92 % de la media de la UE, según los datos de Eurostat que recoge el INE.
- La economía española hornea una tarta más grande, pero el número de comensales sentados a la mesa ha crecido más deprisa que la riqueza que se produce.
- Resultado: la porción de cada habitante no ha crecido al ritmo que se anuncia y, con la inflación acumulada, compra menos que antes.
La economía hornea una tarta más grande, pero los comensales crecen más deprisa que la riqueza.
Esto es exactamente lo que los economistas llaman crecimiento extensivo: un modelo que gasta recursos, satura infraestructuras y multiplica la actividad sin que mejore lo que rinde cada hora de trabajo ni la productividad total de los factores (la eficiencia con que se combinan trabajo, capital y tecnología). Celebrar la subida del PIB en estas condiciones es como celebrar que una familia ingresa más porque tres parientes lejanos se han instalado en casa con trabajos precarios, mientras los metros por persona se reducen a la mitad y la cesta de la compra se encarece para todos.
Récord de afiliados, cotizaciones mínimas
El segundo pilar del discurso oficial son los récords de afiliación a la Seguridad Social, que ya superan los 22 millones de personas. La cifra se presenta como señal de fortaleza del empleo y como garantía de que las pensiones están aseguradas. Pero, a efectos presupuestarios, contar cabezas dadas de alta dice poco si no se mira a la vez cuántas horas se trabajan de verdad y sobre qué bases se cotiza (la base de cotización es la cantidad, ligada al sueldo, sobre la que se calcula lo que se paga a la Seguridad Social).
Cuando se baja al detalle, esa fortaleza se convierte en precariedad estructural.
Horas que no crecen al ritmo del empleo
Aunque hay más afiliados que nunca, el total de horas trabajadas a la semana avanza mucho más despacio que el número de trabajadores. La explicación está en el tiempo parcial, las jornadas troceadas y el contrato fijo-discontinuo, que maquilla el paro en las estadísticas sin garantizar ingresos suficientes los doce meses del año.
Casi todo, en la base mínima
La mano de obra que se incorpora se concentra de forma abrumadora en actividades que necesitan poca inversión: hostelería, servicios auxiliares, limpieza de edificios, trabajo doméstico a medio regularizar, agricultura intensiva y reparto a domicilio. Son empleos que cotizan casi siempre sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) o sobre bases todavía más bajas por jornadas incompletas.
Cotizaciones que no alcanzan
Lo que pagan un trabajador y su empresa en la franja del SMI deja una recaudación mensual modesta, que por sí sola no cubre el coste de lo que ese trabajador tiene derecho a recibir: bajas, paro, asistencia sanitaria y, en el futuro, su pensión.
A esto se suma el IRPF, el impuesto directo con el que el Estado paga servicios universales como la educación, la sanidad o la seguridad. La aportación de estos perfiles es marginal o nula: entre los mínimos exentos, las reducciones por rendimientos del trabajo y las deducciones por hijos, las familias con salarios mínimos o bajos tienen tipos efectivos cercanos al cero.
El récord de afiliación es, así, una victoria administrativa: el sistema suma millones de personas con plenos derechos de protección social, pero cuya aportación neta no compensa el gasto público que generan a corto y medio plazo.
El récord de afiliación es una victoria meramente administrativa.
La carrera hacia el fondo de los salarios
La consecuencia más dañina del crecimiento extensivo la sufren el poder adquisitivo y la capacidad de negociación de los trabajadores y las clases medias. El precio del trabajo, como cualquier otro en una economía de mercado, depende de la oferta y la demanda. Cuando escasea la mano de obra, las empresas que quieren cubrir vacantes tienen que competir entre sí: subir los sueldos de entrada, mejorar horarios, facilitar la conciliación o pagar la formación para atraer y retener a la gente.
Ese mecanismo natural de presión al alza de los salarios ha quedado neutralizado en España por la llegada continuada de inmigración masiva.
De la competencia por contratar a la subasta a la baja
Cuando entran en el mercado cientos de miles de personas sin patrimonio en el país, sin ahorros familiares detrás y, muchas veces, con urgencia por regularizar su situación, la oferta de mano de obra se vuelve prácticamente ilimitada en los empleos poco o medianamente cualificados.
El trabajador local no puede competir
El asalariado de aquí tiene que pagar la vida a precios locales: un alquiler o una hipoteca al precio que marca el mercado de la vivienda, sus impuestos y los gastos de una familia según los estándares de su entorno. No puede competir con quien acepta el salario mínimo legal, horas extra sin cobrar o completar ingresos en la economía sumergida.
El efecto desplazamiento
Si el trabajador local rechaza unas condiciones degradadas, el empleador no rectifica: lo sustituye por alguien para quien cualquier sueldo, por precario que sea aquí, mejora lo que tenía en su país de origen.
Esta subasta a la baja funciona como una pinza. Por un lado, aplana las tablas salariales de los convenios y convierte el SMI en una especie de salario máximo para buena parte de la población activa. Por otro, resta fuerza a sindicatos y comités de empresa, porque la amenaza de sustituir plantillas enteras desactiva la huelga y la presión colectiva.
La clase trabajadora local pierde así su principal activo económico: que su trabajo sea escaso. Al inundar el mercado de mano de obra fácil de reemplazar, el Estado y las patronales de los sectores intensivos en empleo han llevado a cabo una devaluación interna encubierta, que traslada rentas del trabajo al beneficio inmediato de actividades poco competitivas.
La clase trabajadora local ha perdido su principal activo económico: la escasez de su propia fuerza de trabajo.
Mano de obra barata, productividad congelada
El efecto más grave y duradero de este modelo no es solo cómo se reparte la riqueza, sino que frena la propia economía: la condena al estancamiento técnico y tecnológico. La historia económica muestra que el encarecimiento del trabajo ha sido el gran motor de la modernización. Cuando contratar es caro o no hay candidatos, las empresas no tienen más remedio que invertir en:
- Automatizar tareas repetitivas con maquinaria y software.
- Formar a sus plantillas para que rindan más.
- Optimizar la logística y reorganizar los procesos.
La mano de obra barata e inagotable produce el efecto contrario: premia la pereza inversora y la ineficiencia. Para una empresa de servicios, un operador logístico, un restaurante o una explotación agrícola intensiva, sale mucho más a cuenta —y compromete menos dinero a largo plazo— contratar a tres o cuatro personas más con el sueldo mínimo que invertir en mecanizar la cosecha, digitalizar el almacén o automatizar la atención al cliente.
Estas actitudes afianzan una estructura productiva anticuada.
Especialización regresiva
El tejido empresarial se orienta sobre todo a actividades de poca tecnología y fácil acceso, donde la única forma de sobrevivir es recortar una y otra vez los costes laborales.
Productividad por hora estancada
Mientras el norte y el centro de Europa aumentan el valor que genera cada hora de trabajo a base de capital y tecnología, España lleva más de dos décadas con la productividad por hora prácticamente congelada.
La trampa de los sueldos bajos
Sin aumentos reales de productividad, es matemáticamente imposible sostener subidas salariales en el tiempo sin provocar inflación o cierres de empresas. Al congelar la productividad a base de recurrir siempre a más mano de obra, el país se queda fuera de la carrera tecnológica y se encierra en una espiral de sueldos bajos y empleo precario.
Una generación formada que no encuentra su sitio
El circuito se cierra golpeando con especial dureza a los jóvenes de aquí, que sufren la contradicción más evidente del sistema. En las últimas tres décadas, las familias y el Estado han hecho un esfuerzo económico sin precedentes para formar a la juventud, hasta alcanzar cifras récord de titulados universitarios y de formación profesional superior.
El modelo de crecimiento extensivo, sin embargo, no es capaz de dar empleo a todo ese capital humano.
Sobrecualificación crónica
Más de un tercio de los titulados superiores españoles (el 35,8 % en 2023, según el Informe CYD) trabaja en puestos que solo exigen estudios primarios o secundarios, la proporción más alta de la Unión Europea. Ingenieros, biólogos, químicos o graduados en humanidades encadenan contratos temporales en el comercio, la hostelería o la atención telefónica, compitiendo en el mismo terreno que la mano de obra sin cualificar.
La fuga del talento
Ante sueldos degradados y la falta de puestos técnicos bien pagados, decenas de miles de jóvenes formados con dinero público emigran a Alemania, Suiza, Reino Unido o Países Bajos. El Estado paga su formación desde la infancia —decenas de miles de euros por titulado— y regala a otras haciendas los impuestos de sus años más productivos.
Un intercambio a pérdidas
Las administraciones compensan en número esa salida de profesionales muy productivos con la llegada de trabajadores sin formación técnica o con títulos no homologables. En términos de capital humano, el balance es ruinoso: el país exporta talento que pagaría muchos impuestos en el futuro e importa mano de obra de subsistencia, con una aportación estructuralmente deficitaria.
El Estado paga la formación de sus jóvenes y entrega gratis su rendimiento fiscal a haciendas extranjeras.
La promesa básica de la meritocracia —que estudiar y cualificarse garantizaba subir en la escala social y vivir mejor que los padres— ha saltado por los aires. El joven trabajador comprueba que sus títulos no le libran de la precariedad ni le abren la puerta a una vida independiente.
Quién paga el precio
Un crecimiento basado en sumar población y en multiplicar el empleo precario no es un plan de desarrollo, sino una forma de esquivar los problemas de fondo. Permite a los gobiernos de turno maquillar el PIB, presumir de récords de afiliación y garantizar a ciertos sectores empresariales con poca competencia un suministro inagotable de mano de obra dócil y barata.
Ese artificio lo paga, entera, la población asalariada local. Sin poder de negociación, con los sueldos devaluados por el exceso de oferta y atrapada en una economía que castiga la inversión en productividad y tecnología, la clase media y trabajadora española asiste al derrumbe de su horizonte de prosperidad.
Detrás de los titulares triunfalistas hay un empobrecimiento sistemático y la quiebra silenciosa del ascensor social sobre el que descansaba la estabilidad del país.
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