LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO INNEGOCIABLE. IMPEDIRLA EN LAS UNIVERSIDADES, COMO OCURRIÓ CON VITO QUILES EN LA UGR, TRAICIONA SU ESENCIA: EL DEBATE LIBRE Y PLURAL. SILENCIAR IDEAS INCÓMODAS ES RETROCEDER HACIA EL AUTORITARISMO.
La libertad de expresión no es un lujo, ni una concesión discrecional, sino un derecho fundamental. Es piedra angular de cualquier sociedad democrática que aspire a ser abierta, plural y verdaderamente libre. En los ámbitos universitarios —esa esfera primordial de debate, pensamiento, disensión y transformación—, dicho derecho adquiere una relevancia especial. Allí deben encontrarse las ideas más libres, las opiniones más incómodas, los conflictos de pensamiento más agudos; y deben resolverse mediante la palabra, el argumento y la crítica, no mediante la coacción, la intimidación o la exclusión.
Cuando aparece el veto —ya sea sutil o violento— de voces que se consideran “incorrectas” o “indeseables” por parte de quienes se proclaman guardianes de una ética irreprochable, entonces lo que está en juego no es sólo ese acto concreto, sino el principio mismo de libertad. Porque quienes reclaman el monopolio del “bien” moral, del “pensamiento correcto” o del “discurso aprobado” están desplegando, en los hechos, una forma de autoritarismo: imponen qué puede decirse, quién puede decirlo y cuándo puede decirlo. Eso es incompatible con la universidad, incompatible con la democracia y, en última instancia, incompatible con la dignidad humana de pensar, cuestionar, disentir.
quienes reclaman el monopolio del “bien” moral, del “pensamiento correcto” o del “discurso aprobado” están desplegando, en los hechos, una forma de autoritarismo
Lo ocurrido en la UGR y otras instituciones
El caso del periodista Vito Quiles, como sucedido con Macarena Olona ―pasó también en su día con el premio Nobel Willy Brandt el 25 de febrero de 1987 durante su investidura como Doctor Honoris Causa de la UGR, aunque de otro modo igual o más deplorable, que algunos significados altos cargos actuales para boicotear el acto― son relevantes en el contexto universitario.
pasó también en su día con el premio Nobel Willy Brandt el 25 de febrero de 1987 durante su investidura como Doctor Honoris Causa de la UGR
Según distintas fuentes, la UGR comunicó que no consta ninguna solicitud formal por la vía interna para el uso de espacios universitarios para un acto anunciado bajo el lema “España Combativa” promovido por Quiles. Al mismo tiempo, colectivos estudiantiles y activistas convocaron concentraciones en contra del acto, argumentando que, entre otras razones, “discursos racistas, machistas, homófobos o clasistas no tienen cabida en la universidad ni en ningún espacio público”. En la plaza frente a la facultad se produjeron escenas de tensión, con banderas, gritos de “¡Fuera los fascistas de la universidad!” y “¡Que viva España!”, enfrentamientos verbales, despliegue policial.
Si bien puede argumentarse que la universidad tiene un deber de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica —y la UGR lo ha invocado cuando afirma que estos principios estarían comprometidos por ese tipo de actividad anunciada. —lo cierto es que esa invocación no puede convertirse en casuística para eludir el deber de deliberación, ni para silenciar voces por considerar que “no deberían hablarse”.
Crítica al veto, al escrache y al uso de la coerción moral
Que ciertos colectivos se organicen para impedir la intervención de una persona, para acosarla, rodearla, silenciarla, para impedir que haga uso de una sala o de un micrófono: eso no es progreso, sino regresión. Cuando quienes se dicen defensores de “la ética” o “el bien social” recurren al escarnio público, al escrache o al bloqueo del acto de alguien —aunque consideren sus ideas aborrecibles— cometen un grave error: replican los métodos del autoritarismo.
El argumento “no permitimos que hable porque sus ideas son ofensivas o peligrosas” puede parecer defendible en abstracto. Pero aceptarlo sin límite abre la puerta a que todo argumento cuestionable sea silenciado, toda opinión contraria excluida. Y entonces ¿quién decide qué ideas son legítimas y cuáles no? ¿Qué comité moral dictamina el “bien” del discurso permisible? ¿Quién garantiza que no se convertirá en instrumento de represión ideológica?
la ética plena exige admitir la posibilidad de error, el diálogo, el choque respetuoso, la réplica sin violencia, la tolerancia del disenso
Y es aún peor cuando quienes bloquean invocan una superioridad ética —“somos los buenos, él es el malo” — y actúan como jueces, verdugos y vistos del “otro lado” al mismo tiempo. Eso socava la propia credibilidad del discurso ético que invocan. Porque la ética plena exige admitir la posibilidad de error, el diálogo, el choque respetuoso, la réplica sin violencia, la tolerancia del disenso. Se vuelve hipócrita cuando se predica la inclusión, la diversidad, la justicia, mientras se excluye al que disiente.
Espacios para la controversia, no para el monólogo
Las universidades no son museos de opinión controlada ni auditorios de discursos aprobados. Son precisamente lugares donde se enfrentan distintas cosmovisiones, donde el disenso se vuelve pedagógico, donde la libertad de pensamiento no es sólo un derecho individual, sino un mecanismo de aprendizaje colectivo. Cuando una universidad permite que se calle a alguien, o que alguien sea acorralado por su presencia o por su voz, está fallando a su propia misión.
El campus debe ser espacio de controversia, pero de controversia libre, pacífica, respetuosa. No debe ser calcado al parlamento, pero sí debe reflejar el pluralismo que la democracia exige. El estar en desacuerdo no debe conllevar al ostracismo del discrepante, al veto o al escrache. El hilo entre la protesta legítima y la intolerancia práctica es fino: manifestarse contra un conferenciante o un acto es legítimo. Impedir que hable, aislarlo, amenazarlo o forzar que se vaya, no. Ese límite es esencial.
Ni silencios ni permisibilidad
Las instituciones universitarias, los rectores, los departamentos y los cuerpos docentes tienen una responsabilidad enorme: proteger la libertad de expresión, incluso cuando la idea que se expresa es incómoda, polémica, ofensiva. No pueden arrugarse ante la presión de movilizaciones que exigen “expulsar” las voces contrarias. Tampoco pueden ceder a la lógica del “esto no lo permitimos porque es detestable”, sin ofrecer el espacio para escuchar, intervenir, debatir.
lo que debe prevenirse es que el temor a la controversia devenga en silencio institucional
En el caso de la UGR, es comprensible que advirtiera que el acto no estaba autorizado por la normativa interna y que la convivencia estaba en riesgo. Pero de ahí a tolerar que un acto quede en el limbo del “no autorizado, no permitido, no escuchable” hay un salto. Y más aún cuando se produce movilización para impedirlo de facto. Lo que debe prevenirse es que el temor a la controversia devenga en silencio institucional, y lo que debe rechazarse es que la protesta derive en imposición de silencio. No más silencios institucionales ni permisividad ante la coacción.
No debería repetirse
La defensa de la libertad de expresión es una causa imbatible. Defenderla significa evitar que se utilice el poder de la mayoría —o de una minoría movilizada— para silenciar al disidente. Defenderla significa que cada voz, incluso la que nos incomoda, tenga derecho a hablar, a exponer su idea, a ser cuestionada. Defenderla significa que el espacio universitario siga siendo un hervidero de debates, no un gueto de opiniones cómodas.
Y por ello, lo ocurrido —que un acto en la UGR fuese impedido, que se convocaran movilizaciones para expulsar al ponente, que se declarase que su presencia atenta contra la convivencia— debe repensarse con mucha seriedad. No para valorar si la presencia de Vito Quiles era recomendable o no —esa es otra discusión— sino para afirmar que jamás podemos aceptar que quien piensa distinto sea silenciado, coaccionado o excluido de la conversación pública.
No debería repetirse nunca más. Que las universidades sean faros de debate, no fortalezas contra ideas ajenas. Que la ética que se invoca sea, de verdad, ética del diálogo, del respeto, de la libertad. Que la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión sea reivindicada con firmeza —sin matices— porque sin ella, ninguna libertad de las demás tiene sentido.
