LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA NECESITA ALGO MÁS QUE DEFENSORES: NECESITA INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, PODERES EQUILIBRADOS Y REGLAS CAPACES DE IMPEDIR QUE QUIENES ALCANZAN EL PODER TERMINEN ADUEÑÁNDOSE DEL ESTADO Y DEBILITANDO LA CONSTITUCIÓN.
A pesar de aquellos que quieren derogar lo que llaman el régimen del 78, la vigente Constitución española ha sido uno de los instrumentos más exitosos de nuestra historia contemporánea. Hizo posible la reconciliación, la descentralización política y una convivencia democrática que parecía improbable después de décadas de dictadura, aunque la sociedad española estaba pacificada y modernizada más allá de lo que algunos hubieran imaginado. Pero han transcurrido casi cinco décadas. La sociedad ha cambiado, la política se ha degradado y algunas de las costuras de nuestro edificio constitucional empiezan a mostrar una preocupante fragilidad. Ha llegado el momento de preguntarnos si nuestra Constitución está suficientemente preparada para defenderse de quienes, desde dentro del propio sistema, pretenden desnaturalizarlo.
Cierto que España necesita algo más que una Constitución que proclame derechos y distribuya competencias. Necesita reforzar sus mecanismos de defensa frente a quienes, habiendo llegado legítimamente al poder, pretenden utilizarlo para debilitar los contrapesos que hacen posible la democracia.
Lo que hemos visto durante la última legislatura, iniciada en 2023, debería servirnos de advertencia. No se trata de cuestionar la legitimidad de los gobiernos, negando las mayorías parlamentarias que la propia ley permite, ni su capacidad para gobernar. Se trata de advertir que la legitimidad de origen no concede un poder ilimitado ni convierte cualquier decisión políticamente posible en constitucionalmente aceptable. Gobernar no es apropiarse de las instituciones, ni la aritmética parlamentaria puede convertirse en patente de corso para retorcer el ordenamiento jurídico y enarbolando la soberanía popular propia de trasnochados regímenes marxistas, vulnerar el espíritu de consenso y la soberanía nacional.
la legitimidad de origen no concede un poder ilimitado ni convierte cualquier decisión políticamente posible en constitucionalmente aceptable
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en La dictadura de la minoría, plantean una advertencia que merece especial atención:
Las democracias pueden sucumbir no solamente ante mayorías autoritarias, sino también cuando determinadas minorías adquieren una capacidad desproporcionada para condicionar o bloquear la voluntad política general.
Sus trabajos anteriores, especialmente Cómo mueren las democracias, explican también cómo los autócratas contemporáneos pueden alcanzar el poder mediante elecciones y, una vez instalados en él, erosionar gradualmente las instituciones que deberían limitarlo. No necesitan abolir la Constitución: les basta con vaciarla de contenido. Ejemplos a lo largo de historia hay y demasiado perversos.
no necesitan abolir la Constitución: les basta con vaciarla de contenido
Antonio Elorza lleva tiempo alertando sobre la necesidad de defender la arquitectura constitucional, la división de poderes y la participación ciudadana. Su reflexión resulta especialmente pertinente:
“no hay derechos efectivos sin garantías, ni garantías sin instituciones independientes. Y tampoco hay democracia auténtica cuando la ciudadanía queda reducida a votar cada cuatro años mientras el poder se concentra y se blinda. Y sobre todo no se somete a escrutinio constante”.
La cuestión es qué deberíamos hacer? Entiendo que deberían abordarse varios grupos de medidas de regeneración democrática. Relativas a independencia, equilibrio de poderes, modificación del sistema electoral, incremento democrático de la participación y garantías constitucionales contra el abuso de poder.
Independencia órganos
Así, hay que garantizar la independencia de los órganos constitucionales y de control. El Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y los organismos reguladores necesitan sistemas de elección que reduzcan el reparto de cuotas entre partidos.
Propongo mandatos no coincidentes con los ciclos electorales, mayorías reforzadas con mecanismos subsidiarios contra los bloqueos, comparecencias públicas y requisitos objetivos de mérito y capacidad.
La Fiscalía debe disponer de autonomía funcional efectiva y de garantías frente a las injerencias gubernamentales.
Equilibrio de poderes
El restablecimiento del equilibrio entre poderes, exige reforzar el control parlamentario del Gobierno, limitar el abuso del decreto-ley y evitar que procedimientos legislativos de urgencia sirvan para introducir reformas estructurales sin debate suficiente.
También deben reforzarse la independencia judicial y la capacidad de control de constitucionalidad, impidiendo que las mayorías coyunturales alteren las reglas de composición de los órganos que deben fiscalizarlas.
Sistema electoral
La reforma del sistema electoral exige un debate sosegado, pero es perentoria e inaplazable. Debe estudiarse una fórmula mixta que combine representación provincial y compensación de ámbito nacional, con un umbral estatal razonable para acceder a los escaños de compensación.
Así se preservaría la representación territorial, pero se evitaría que formaciones con respaldo muy reducido en el conjunto del país dispusieran de una capacidad desproporcionada para condicionar la gobernabilidad nacional.
Participación ciudadana
Los instrumentos de democracia participativa son necesarios para asegurar la implicación del ciudadano desde la modernización necesaria del sistema: iniciativas legislativas populares sin obstáculos desproporcionados, consultas ciudadanas vinculantes en determinados ámbitos, convenciones deliberativas y consultas demoscópicas periódicas sobre las grandes reformas.
La representación política no debe ser un cheque en blanco de cuatro años, que acompañado con un escrutinio insuficiente, e incluso inexistente, sólo puede conducir a la autocracia.
Abuso de poder
Finalmente, el establecimiento de garantías constitucionales contra el abuso de poder, tales como reforzar los límites a la utilización partidista de las instituciones, asegurar la transparencia de los nombramientos, proteger los derechos de las minorías parlamentarias y establecer controles efectivos sobre las reformas que afecten a las reglas de competencia democrática, vendrían a dotar de credibilidad y eficacia del sistema. Porque no se trata de gobernar contra las mayorías, sino de impedir que una mayoría pueda convertirse en dueña del Estado.
La Constitución debe garantizar que ningún gobernante pueda cambiar las reglas para perpetuarse, someter a los árbitros o desactivar los controles que limitan su poder.
