LA CRÍTICA A MARÍA JESÚS MONTERO DENUNCIA QUE LA LEY DE LENGUAS ANDALUZAS ENCUBRE DESIGUALDAD FINANCIERA Y REABRE EL DEBATE SOBRE LA LEGITIMIDAD AUTONÓMICA ANDALUZA, RECLAMANDO AUTONOMÍA PROPIA PARA LA REGIÓN HISTÓRICA DE GRANADA.
Hay momentos en política en los que una declaración aparentemente menor revela, sin pretenderlo, toda la arquitectura de un proyecto agotado. Las palabras pronunciadas en Jaén por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, pertenecen exactamente a esa categoría.
No fueron unas simples afirmaciones de precampaña. Fueron la confesión involuntaria de un modelo territorial que hace aguas y que necesita reinventar identidades para sobrevivir a sus propias contradicciones.
Mientras desde el Ministerio de Hacienda se impulsa un sistema de financiación singular destinado a satisfacer las exigencias del nacionalismo catalán —un esquema cuyo coste recaerá inevitablemente sobre territorios contribuyentes netos como Andalucía— la candidata socialista a la presidencia autonómica ofrece a los andaluces una compensación simbólica: una futura Ley de Lenguas Andaluzas.
la candidata socialista a la presidencia autonómica ofrece a los andaluces una compensación simbólica
Metáforas y contradicciones
Es difícil imaginar una metáfora más precisa del momento político español. Dinero real hacia el norte; identidad imaginada hacia el sur…
Porque la propuesta no responde a una demanda social, cultural ni académica relevante. No existe movilización ciudadana reclamando reconocimiento lingüístico alguno. Lo que sí existe es una creciente sensación de agravio económico, de subordinación política y de pérdida continuada de oportunidades en amplias zonas del territorio andaluz.
Cuando faltan resultados materiales, aparecen los relatos. Y ahí emerge el verdadero problema: la apelación identitaria no solo intenta justificar el presente, sino blindar retrospectivamente el pasado. Obliga a volver inevitablemente al origen mismo de la actual autonomía andaluza, construida en 1980 mediante un proceso cuya legitimidad política sigue siendo incómoda para quienes prefieren no revisarlo.
Pucherazo y desapego
El referéndum autonómico del 28 de febrero dejó un hecho incontestable: provincias como Almería y Jaén no alcanzaron el respaldo exigido por la propia normativa para acceder a la autonomía por la vía del artículo 151. La respuesta del sistema no fue aceptar el resultado, sino corregirlo políticamente mediante acuerdos parlamentarios posteriores que sustituyeron la voluntad del censo por una decisión de despacho.
Desde entonces, la autonomía andaluza nació con una anomalía de origen: la necesidad permanente de justificarse.
Cuatro décadas después, esa fragilidad reaparece cada vez que se intenta reforzar artificialmente una identidad común que nunca terminó de consolidarse de manera homogénea. Especialmente en los territorios del antiguo Reino de Granada —la llamada Andalucía Oriental o Alta Andalucía— donde la percepción de desequilibrio institucional y marginación inversora no ha dejado de crecer.
En Granada, en Almería, en Jaén, e incluso en amplias áreas de Málaga oriental, la pregunta nunca desapareció del todo: ¿y si aquel proceso autonómico no respetó plenamente la voluntad territorial existente?
Ley de Lenguas Andaluzas
La promesa de una Ley de Lenguas Andaluzas actúa, paradójicamente, como confirmación de esa duda histórica. Porque cuando una comunidad política necesita legislar su identidad, suele ser porque ésta no surge de forma natural.
El problema ya no es cultural. Es democrático y territorial.
España ha demostrado sobradamente que sabe reconocer singularidades cuando existe voluntad política suficiente. Lo hizo con comunidades históricas, con regímenes fiscales diferenciados y con modelos autonómicos asimétricos. Sin embargo, permanece cerrada una cuestión que nunca fue realmente resuelta: el encaje institucional del sureste peninsular.
España ha demostrado sobradamente que sabe reconocer singularidades cuando existe voluntad política suficiente
Si el Estado acepta revisar continuamente su arquitectura territorial para satisfacer demandas identitarias en otros lugares, resulta cada vez más difícil justificar por qué se niega siquiera el debate sobre una realidad histórica evidente: la existencia de una región granadina con trayectoria administrativa, económica y cultural propia.
Abandonando mitos
Tal vez haya llegado el momento de abandonar los mitos fundacionales y afrontar una reparación democrática pendiente.
Porque la cohesión no se impone; se construye. Y cuando durante décadas una parte del territorio percibe desapego, desequilibrio y falta de representación efectiva, la respuesta no puede ser más retórica identitaria ni nuevas capas simbólicas destinadas a ocultar el problema.
La respuesta debe ser política. Ha llegado la hora de abrir, sin miedo ni caricaturas, el debate sobre la reparación histórica que permita a Granada y a su región histórica decidir libremente su futuro institucional y acceder, si así lo desean sus ciudadanos, a un proceso propio de autonomía. No como ruptura. Sino como culminación democrática de una voluntad que nunca debió ser sustituida.
