HAY QUE DENUNCIAR EL DOBLE RASERO DE LA ACTUAL POLÍTICA EXTERIOR DE NUESTRO PAÍS: FIRME ANTE UNA HIPOTÉTICA ANEXIÓN DE GROENLANDIA POR ESTADOS UNIDOS, PERO CÓMPLICE EN EL SÁHARA OCCIDENTAL, ABANDONANDO EL DERECHO INTERNACIONAL Y SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA COMO ANTIGUA POTENCIA.
La política exterior de un país se mide, ante todo, por su coherencia. Y cuando esta se quiebra, lo que queda no es diplomacia, sino oportunismo. La reciente reacción del Gobierno de España ante el anuncio de Donald Trump de una hipotética invasión-anexión de Groenlandia ha dejado al descubierto, con una crudeza difícil de disimular, el doble rasero moral y jurídico con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aborda el derecho internacional.
Según el presidente del Gobierno, la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos supondría una “flagrante violación del derecho internacional” ante la que Europa, y España en particular, no pueden permanecer impasibles, entre otras cuestiones, porque llevaría en la práctica a dinamitar la OTAN, de la que por cierto sus conmilitones de gobierno han propuesto salir. Tanto es así que el Ejecutivo español ha llegado a anunciar su disposición a enviar tropas ―veremos tras la reunión prevista con Feijoó― para “parar los pies” a Trump y defender la legalidad internacional, la integridad territorial y el principio de autodeterminación de los pueblos ―el inuí―.
Nada que objetar a esos principios. El problema es que el mismo Gobierno que los invoca con solemnidad en el Ártico los pisotea sin rubor en el desierto del Sáhara Occidental.
el Sáhara no es una abstracción lejana ni un conflicto heredado sin responsabilidades
Porque el Sáhara no es una abstracción lejana ni un conflicto heredado sin responsabilidades. Es una antigua provincia española. Un territorio cuya potencia administradora, según Naciones Unidas, sigue siendo España de iure. Un pueblo, el saharaui, al que nuestro país abandonó en 1975, tras la invasión ilegal de Marruecos, sin referéndum, sin descolonización y sin honor. Y, aun así, durante décadas, España sostuvo —al menos formalmente— una posición de respeto al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU.
Hasta que Pedro Sánchez decidió dinamitarla.
el presidente del Gobierno cambió por su sola voluntad, de la noche a la mañana, la histórica postura de la diplomacia española y avaló el plan marroquí de autonomía
Sin consultar al Parlamento, sin consenso político, sin explicación pública y sin el menor pudor democrático, el presidente del Gobierno cambió por su sola voluntad, de la noche a la mañana, la histórica postura de la diplomacia española y avaló el plan marroquí de autonomía, es decir, la anexión de facto del Sáhara Occidental por una monarquía autoritaria que ocupa militarmente un territorio que no le pertenece. Una ocupación tan ilegal como la que ahora se denuncia —con grandes palabras— en el caso de Groenlandia.
Pero aquí no hay tropas. No hay sanciones. No hay declaraciones altisonantes. No hay defensa del derecho internacional. Hay silencio, sumisión y aplauso al invasor.
¿En qué quedamos? ¿Es el derecho internacional un principio universal o un instrumento selectivo que se aplica según convenga al aliado de turno? ¿Es legítimo enviar soldados españoles para defender la integridad territorial de un territorio danés a miles de kilómetros, mientras se abandona al pueblo saharaui, al que España debe una responsabilidad histórica, jurídica y moral directa?
La respuesta es incómoda, pero evidente: España es valiente con los fuertes y cobarde con los “poderosos” cercanos que algo podrían esconder contra nuestro primer ministro; Que se enfrenta retóricamente a Trump, porque el coste es bajo y el aplauso europeo está garantizado, pero que se pliega ante Rabat, porque Marruecos controla fronteras, migraciones y chantajes permanentes, de modo que Sánchez y su Gobierno han preferido la comodidad del corto plazo a la dignidad del Estado.
Esta incoherencia no es solo una hipocresía diplomática; es una grave erosión de la credibilidad internacional de España. No se puede defender la legalidad internacional en Groenlandia mientras se legitima su violación en el Sáhara. No se puede hablar de autodeterminación en el Ártico mientras se niega en África. No se puede invocar principios cuando en realidad se actúa de otro modo, al parecer, por miedo.
El resultado es demoledor: una política exterior sin brújula moral, sin memoria histórica y sin respeto por el propio derecho que se dice defender. Groenlandia sirve de coartada; el Sáhara, de vergüenza. Y no tengo duda, la historia, como siempre, tomará nota.
