Continuación al artículo anterior. Nuestro biólogo de referencia, aborda temas relacionados con las explotaciones actuales de los bosques, su inviabilidad económica en muchos casos por la fragmentación de propiedades, de competencias administrativas, obsolescencia de productos que antes eran rentables, etc. así como la enumeración de distintos problemas que confluyen en la Tormenta Perfecta. España necesita un marco común de actuación que reconozca la gestión forestal como una infraestructura crítica para la resiliencia territorial frente al cambio climático.
El elefante en la habitación: bosques como costes, no como activos
Hay un elemento sustancial que rara vez se aborda con la profundidad necesaria: la transformación de los bosques de «sumideros de recursos» (que consumen presupuestos públicos sin retorno) a «productores de riqueza económica» es una condición necesaria para cualquier modelo sostenible de gestión forestal en contexto de abandono rural.
Actualmente, la mayoría de las masas forestales españolas, especialmente los pinares de repoblación en zonas de montaña, funcionan económicamente como sumideros de recursos públicos: consumen presupuestos en prevención de incendios, extinción y restauración post-incendio; no generan ingresos significativos por falta de gestión, accesibilidad y mercados; dependen de subvenciones que no cubren los costes reales de gestión; y tienen valor de mercado negativo o nulo:
muchos propietarios forestales no pueden vender sus montes porque los costes de gestión superan cualquier ingreso potencial.
Este modelo es intrínsecamente insostenible: requiere inyecciones continuas de dinero público sin retorno económico, compitiendo con otras prioridades (sanidad, educación, infraestructuras) en un contexto de recursos limitados.
los pinares de repoblación en zonas de montaña, funcionan económicamente como
sumideros de recursos públicos:
consumen presupuestos, no generan ingresos significativos, dependen de subvenciones que no cubren los costes y tienen valor de mercado negativo o nulo
Transformar los bosques en productores de riqueza requiere reconocer la multifuncionalidad económica real:
- Producción maderera y no maderera: Madera para construcción, corcho, resina, setas, trufas, plantas aromáticas, frutos forestales.
- Servicios ecosistémicos con valor de mercado: Secuestro de carbono, biodiversidad, regulación hídrica, protección de suelos.
- Usos recreativos y turísticos: Turismo de naturaleza, caza gestionada, educación ambiental, alojamientos rurales.
- Energía renovable: Biomasa forestal para calefacción y electricidad.




La clave es que ninguno de estos flujos por separado es suficiente, pero su combinación estratégica puede generar rentabilidad. Sin embargo, esto requiere condiciones que actualmente no existen en la mayoría del territorio:
- Agrupación de propiedades: La fragmentación de la propiedad forestal (más del 70% es privado, con propiedades frecuentemente menores de 5 hectáreas) hace inviable cualquier actividad económica. Se necesitan asociaciones, mancomunidades o sociedades que gestionen grandes superficies de forma coordinada.
- Infraestructuras básicas: Vías forestales, áreas de acopio, industria de transformación local. Sin infraestructuras, no hay actividad económica forestal viable.
- Mercados y cadenas de valor desarrolladas: La madera sin aserradero cerca es un coste de transporte que elimina el margen. Muchas regiones forestales han perdido su industria maderera, haciendo inviable la gestión.
- Fiscalidad que incentive la gestión: Bonificaciones del IBI para montes con planes de gestión aprobados, tratamientos fiscales que incentiven la inversión a largo plazo, mecanismos que incentiven la agrupación de propiedades.
Sin este cambio de paradigma, cualquier modelo de gestión forestal seguirá dependiendo de subvenciones públicas insostenibles y no podrá revertir el abandono rural que está en la raíz del problema de los incendios forestales.
La fragmentación administrativa: cuando los límites políticos ignoran los límites ecológicos
La desconexión entre la continuidad biofísica de los ecosistemas forestales y la fragmentación jurisdiccional de las administraciones competentes constituye uno de los obstáculos más graves para la gestión forestal efectiva en España.
Las masas forestales continuas que cruzan límites administrativos requieren gobernanza colaborativa a escala de paisaje, pero los mecanismos actuales (Conferencia Sectorial, Estrategia Forestal, comisiones bilaterales) son insuficientes, voluntaristas y carecen de capacidad operativa.
En España, las competencias en gestión forestal están distribuidas entre la Administración General del Estado (legislación básica, estrategia forestal, fondos europeos), las comunidades autónomas (planificación forestal, gestión de montes, prevención y extinción de incendios), las diputaciones provinciales (apoyo a municipios, infraestructuras) y los municipios (gestión de montes municipales, ordenación del territorio, prevención en zona periurbana).
Esta arquitectura competencial fragmentada genera problemas graves:
- Planes forestales inconexos: Cada comunidad autónoma desarrolla su propio plan forestal sin coordinación transversal con las comunidades vecinas, incluso cuando comparten las mismas masas forestales continuas.
- Presupuestos desiguales: Las partidas presupuestarias para gestión forestal, prevención de incendios e infraestructuras varían enormemente entre comunidades, creando discontinuidades en la intensidad de gestión en un mismo ecosistema.
- Normativas divergentes: Las regulaciones sobre
aprovechamientos, densidades de arbolado, quemas prescritas, pastoreo y usos recreativos difieren entre administraciones, dificultando la gestión coordinada.
- Prioridades contradictorias: Una comunidad puede priorizar la producción maderera mientras la vecina enfatiza la conservación estricta, generando discontinuidades en el manejo de masas forestales continuas.
Los sistemas montañosos como el Sistema Ibérico, Sistema Central, Cordillera Cantábrica y Pirineos se extienden a través de múltiples comunidades autónomas.
Las masas de pinar denso en las vertientes norte y sur de una misma sierra están gestionadas por dos comunidades con diferentes planes forestales, prioridades de prevención de incendios y presupuestos.
La falta de coordinación tiene consecuencias directas en la prevención de incendios: discontinuidad en tratamientos preventivos, coordinación operativa deficiente en extinción, información fragmentada sobre masas forestales y riesgos, e imposibilidad de gestión a escala de paisaje.
la falta de coordinación tiene consecuencias directas en la prevención de incendios
La literatura científica sobre gobernanza forestal propone soluciones basadas en gestión por unidades ecológicas (cuencas hidrográficas, sistemas montañosos) en lugar de límites administrativos, plataformas de decisión multinivel donde converjan administraciones, propietarios y sectores productivos, y mecanismos que incentiven la cooperación técnica entre administraciones.
Sin embargo, su implementación enfrenta resistencias institucionales.
Las comunidades autónomas son muy celosas de sus competencias transferidas y cualquier iniciativa que pueda percibirse como centralización o pérdida de autonomía encuentra obstáculos políticos significativos.
Los ciclos electorales desincronizados entre diferentes administraciones generan cambios de prioridades y personas de contacto que dificultan la continuidad de la coordinación.
La multifactorialidad del problema: por qué no hay soluciones simples
Al integrar todo lo analizado, emerge con claridad la multifactorialidad extrema del problema de los incendios forestales en España. No hay una sola causa, ni una sola solución. Hay una red compleja de factores entrelazados que se refuerzan mutuamente:
- Factores ecológicos: Repoblaciones densas de especies pirófilas en zonas inaccesibles, continuidad del combustible, baja resiliencia post-incendio de los pinares.
- Factores demográficos: Despoblación rural, envejecimiento poblacional, falta de relevo generacional, pérdida de conocimiento tradicional sobre gestión forestal.
- Factores económicos: Abandono de la economía agropecuaria extensiva, falta de rentabilidad de la gestión forestal, bosques como sumideros de recursos en lugar de productores de riqueza, infraestructuras insuficientes, mercados forestales debilitados.
- Factores administrativos: Fragmentación competencial entre múltiples niveles de administración, falta de coordinación transversal, planes forestales inconexos, presupuestos desiguales, normativas divergentes.
- Factores políticos: Celos competenciales entre administraciones, ciclos políticos desincronizados, falta de cultura de colaboración horizontal, priorización de extinción sobre prevención (60% del gasto en incendios va a extinción).
- Factores climáticos: Cambio climático que incrementa la frecuencia e intensidad de sequías y olas de calor, extendiendo la temporada de riesgo de incendios.
Cada uno de estos factores por sí solo sería manejable. Pero su combinación crea una tormenta perfecta que convierte el territorio en un polvorín. Y cada factor limita la efectividad de las soluciones dirigidas a otros factores:
- El pastoreo preventivo es efectivo, pero tiene límites severos en zonas de orografía compleja y pinares densos sin gestión previa.
- Los aclareos y tratamientos silvícolas son necesarios, pero son prohibitivamente costosos en zonas inaccesibles y sin infraestructuras.
- La transformación de pinares densos en masas mixtas es ecológicamente deseable, pero requiere inversiones muy superiores a las actuales y visión de largo plazo (30-50 años).
- La agrupación de propietarios es necesaria para economías de escala, pero choca con la fragmentación de la propiedad y la falta de incentivos fiscales.
- La coordinación interadministrativa es esencial para gestión a escala de paisaje, pero enfrenta resistencias institucionales y celos competenciales.
Conclusión: la necesidad de un marco común de actuación
Los incendios forestales en España no son un problema técnico que se resuelva con más bomberos o mejores camiones cisterna. Son un problema estructural que refleja décadas de abandono rural, repoblaciones forestales mal diseñadas, fragmentación administrativa y un modelo económico que ha convertido los bosques en costes en lugar de activos.
La multifactorialidad del problema exige soluciones igualmente multifacéticas:
- Transformación estructural del paisaje forestal: Sustitución progresiva de pinares densos por masas mixtas con especies autóctonas resilientes, fragmentación del paisaje con parches de vegetación resistente, reducción de densidades a niveles sostenibles.
- Revitalización económica del medio rural: Reconocimiento de la gestión forestal como inversión, no como gasto; desarrollo de múltiples flujos de ingresos (madera, productos no madereros, servicios ecosistémicos, turismo); infraestructuras básicas que habiliten actividad económica; mercados y cadenas de valor desarrolladas.
- Coordinación técnica entre administraciones: Gestión por unidades ecológicas en lugar de límites administrativos, plataformas de decisión multinivel, mecanismos que incentiven la cooperación técnica, intercambio de buenas prácticas y alineación de criterios entre comunidades autónomas.
- Inversión sostenida y visión de largo plazo: Reconocimiento de que la transformación del paisaje forestal requiere décadas, no legislaturas; presupuestos para prevención que se acerquen a los de extinción; continuidad en las políticas que trascienda los ciclos electorales.
- Integración de prevención y desarrollo rural: Políticas que vinculen explícitamente la gestión forestal preventiva con la creación de empleo rural, la fijación de población y la revitalización económica del territorio.
Sin este enfoque integral, cualquier medida aislada (más pastoreo, más aclareos, más vigilancia) tendrá una efectividad marginal. El fuego seguirá encontrando combustible acumulado en paisajes homogéneos y continuos, gestionados de forma fragmentada por administraciones que no coordinan, en territorios donde la actividad económica forestal es inviable.
La pregunta no es si podemos permitirnos hacer esta transformación. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerla. Porque el coste de la inacción se mide cada verano en hectáreas quemadas, pueblos evacuados, ecosistemas destruidos y vidas perdidas. Y ese coste, a largo plazo, es muy superior al de la acción decidida y coordinada que la situación requiere.
la pregunta no es si podemos permitirnos hacer esta transformación. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerla
porque el coste de la inacción se mide cada verano en hectáreas quemadas, pueblos evacuados, ecosistemas destruidos y vidas perdidas
España necesita un marco común de actuación que reconozca la gestión forestal como una infraestructura crítica para la resiliencia territorial frente al cambio climático, que integre prevención, desarrollo rural y conservación de biodiversidad, y que se comprometa con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos. Solo así podremos convertir los bosques de sumideros de recursos en productores de riqueza, y de polvorines en paisajes resilientes que convivan mejor con el fuego.
España necesita un marco común de actuación que reconozca la gestión forestal como una infraestructura crítica para la resiliencia territorial frente al cambio climático


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