LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE INMIGRANTES POR DECRETO, MUESTRA MUCHO MÁS QUE LA FALTA DE CONSENSO Y DEBATE PARLAMENTARIO. ES UNA MANIOBRA TÁCTICA DEL GOBIERNO, CON RIESGOS INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS PESE A SU JUSTIFICACIÓN HUMANA.
Regularización extraordinaria
La regularización extraordinaria de inmigrantes es una de las decisiones más delicadas que puede adoptar un gobierno democrático. No sólo por su impacto jurídico y administrativo, sino por sus efectos sociales, económicos y políticos a medio y largo plazo. Precisamente por eso exige algo más que una mayoría coyuntural: requiere debate, transparencia y un amplio consenso parlamentario. Optar por lo contrario —impulsarla prácticamente en solitario, con el único respaldo de Podemos y mediante la vía del decreto-ley— no es valentía política: es una forma de gobernar que erosiona la confianza institucional.
El texto de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España ya se encuentra subido a audiencia pública. La iniciativa, impulsada por el Gobierno, abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación. El Consejo de Ministros aprobó este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema.
la iniciativa, impulsada por el Gobierno, abre un periodo de participación ciudadana para recabar aportaciones antes de su aplicación
Según se señala por el ejecutivo se trata del primer hito dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. Ojalá sólo fuera eso en mi opinión.
El problema central no es la dimensión humana de la medida. Toda política migratoria seria debe reconocer que hay personas detrás de los expedientes y que existen situaciones de vulnerabilidad que merecen respuesta. El reproche aquí es estrictamente político e institucional: la forma elegida desnaturaliza el procedimiento democrático para una cuestión que, por su alcance, debería haberse tramitado como acuerdo de Estado en el Congreso de los Diputados.
toda política migratoria seria debe reconocer que hay personas detrás de los expedientes y que existen situaciones de vulnerabilidad que merecen respuesta
El decreto-ley está previsto para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Convertirlo en atajo legislativo para esquivar el debate parlamentario completo se ha vuelto una práctica demasiado frecuente. En este caso, resulta especialmente cuestionable: no se trata de una emergencia sobrevenida de horas o días, sino de una política estructural largamente discutida en la esfera pública y política. Si —como se ha venido sosteniendo— existía base para el entendimiento con varias fuerzas del hemiciclo, eludir ese camino sólo puede interpretarse como una decisión de conveniencia táctica, no de necesidad institucional.
Que además el anuncio haya sido capitalizado por Podemos añade un elemento de cálculo partidista difícil de disimular. Más que una política de Estado, parece una operación de reposicionamiento de bloques. El movimiento puede leerse como un intento de recomponer alianzas a la izquierda del PSOE y reconstruir una mayoría parlamentaria alternativa, tensionando a la vez a otros socios como Junts o el PNV y colocando al Partido Popular ante un dilema incómodo. No es gestión de país: es geometría de supervivencia.
El Gobierno tiene derecho a buscar apoyos, pero no a degradar el procedimiento cuando la materia exige justo lo contrario: más Parlamento, no menos. La política migratoria afecta a servicios públicos, mercado laboral, padrón, protección social, convivencia local y planificación presupuestaria. Obliga a coordinar administraciones y a prever efectos llamada, integración y capacidades reales de absorción. Nada de eso encaja con la lógica del “apruébese primero y discútase después”, algo que es la norma de funcionamiento del ejecutivo de Sánchez.
el Gobierno tiene derecho a buscar apoyos, pero no a degradar el procedimiento cuando la materia exige justo lo contrario: más Parlamento, no menos
Además, la coincidencia temporal con crisis en infraestructuras y con debates incómodos sobre el estado de servicios críticos invita —como mínimo— a sospechar de la oportunidad política elegida. Cuando decisiones de gran carga simbólica aparecen en momentos de desgaste gubernamental, es legítimo que la opinión pública se pregunte si se trata también de una cortina de distracción. Plantearlo no es cinismo: es higiene democrática.
Tampoco ayuda el entusiasmo explícito de sectores de la izquierda más dura que presentan la regularización en términos casi de ampliación automática de base electoral futura. Convertir a personas migrantes en argumento de aritmética de votos degrada el debate y deshumaniza justamente aquello que dicen defender. Si la medida tiene fundamento ético y social, debe sostenerse por sí misma, no por su presunto rendimiento demoscópico.
Una regularización puede ser defendible. Lo que no es defendible es imponerla con procedimientos de excepción, sin negociación amplia y sin asumir el coste de un debate parlamentario completo. Gobernar no es sólo decidir qué se hace, sino cómo se hace. Y en democracia, las formas son parte esencial del fondo.
una regularización puede ser defendible. Lo que no es defendible es imponerla con procedimientos de excepción
Cuando el Ejecutivo sustituye el consenso por el decreto y el acuerdo de Estado por la táctica de bloque, no está demostrando fortaleza: está mostrando prisa. Y la prisa, en políticas de largo alcance, casi nunca es buena consejera y siempre pasa factura.
