EL VERANO INVITA A OLVIDAR, PERO LA HISTORIA NO SIEMPRE CONCEDE TREGUAS. ENTRE LA CESIÓN ESPAÑOLA DE PUERTO RICO EN 1898 Y EL GIRO DE SÁNCHEZ HACIA MARRUECOS EXISTE UNA PREGUNTA INCÓMODA: ¿PUEDE UN GOBIERNO ANTEPONER SU SUPERVIVENCIA POLÍTICA A LOS INTERESES PERMANENTES DE ESPAÑA?
Hay veranos en los que la historia parece empeñada en regresar. No porque los acontecimientos sean idénticos —nunca lo son, pero pueden rimar como decía Twain—, sino porque determinadas tentaciones del poder sobreviven a los regímenes, a las constituciones y hasta a los partidos. En 1898 España descubrió, con una mezcla de derrota militar, agotamiento político y oportunismo gubernamental, que un Gobierno puede llegar a considerar que la mejor manera de salvarse a sí mismo consiste en desprenderse de aquello que pertenece a todos.
Intereses políticos
Puerto Rico ofrece una de las páginas más incómodas de aquella historia. En 1898, los puertorriqueños eran españoles de pleno derecho y acababan de obtener un régimen autonómico. La guerra hispano-estadounidense cambió de golpe el escenario. España perdió Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas y, mediante el Tratado de París, puso fin a su presencia ultramarina y daba paso al nacimiento del imperio estadounidense basado en rapiña y el ultraje de España -digamos el tratado Guadalupe-Hidalgo, por ejemplo-. Los documentos que sirven de base a estas reflexiones describen con crudeza aquella operación, en la que la fuerza de las armas terminó imponiéndose a los derechos de los ciudadanos y los intereses políticos al destino de quienes habitaban aquellos territorios.
Hay, sin embargo, una precisión que no debe omitirse, pero sí matizarse. Sagasta no entregó Puerto Rico saltándose absolutamente las Cortes.
La Constitución de 1876 establecía que para ceder territorio español era necesaria una ley especial y esa autorización fue aprobada en septiembre de 1898. Pero fue una norma que llegó al parlamento después de la entrega fáctica del territorio, como mera justificación, no como un proceso legislativo reflexivo previo. La cuestión verdaderamente inquietante es otra: qué ocurre cuando un Gobierno convierte una cuestión de soberanía y de derechos colectivos en una variable de su propia supervivencia política. Ahí comienza la comparación con nuestro tiempo.
Ceuta, hoy
España acaba de vivir en Ceuta una crisis que ha puesto de nuevo delante de los ojos de todos una realidad que durante años algunos han preferido mantener en el margen del discurso político, que nuestra frontera sur no es solamente una frontera migratoria, sino que es también y más que nada una frontera geopolítica. La entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos durante la crisis de julio ha colocado a la ciudad autónoma ante una situación excepcional y ha reabierto el debate sobre la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión y la existencia real de una zona gris como poco y de guerra híbrida. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha llegado a advertir ante el Parlamento Europeo de que la seguridad de Ceuta depende de un tercero, Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre la ciudad, y por tanto, tampoco, la frontera de Europa.
el debate no debería consistir en disputar palabras e imponer relatos, sino en preguntarse quién controla realmente los acontecimientos
La palabra «invasión» debe utilizarse con prudencia, dicen los interesados en que no se hable de la realidad y buscan eufemismos. No estamos ante una invasión militar convencional, cierto, pero tampoco parece sensato negar que una entrada masiva y organizada de personas a través de una frontera internacional puede constituir una forma extraordinaria de presión sobre un Estado. El debate no debería consistir en disputar palabras e imponer relatos, sino en preguntarse quién controla realmente los acontecimientos cuando una frontera española queda sometida a la voluntad de un país que reivindica precisamente esos territorios.
El Sahara occidental
Y aquí aparece Pedro Sánchez. En marzo de 2022, el presidente modificó radicalmente y de manera personal y unilateral, la posición histórica española sobre el Sáhara Occidental y comunicó al rey Mohamed VI que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. La decisión desencadenó una profunda controversia política y parlamentaria. El Congreso terminó reclamando explicaciones al presidente, que compareció ante el Pleno el 30 de marzo y ahí acabó todo.
El problema no es que un Gobierno pueda cambiar de política exterior. Naturalmente puede hacerlo. El problema es cómo, por qué y a cambio de qué. Más que nada en este caso debido a que como potencia administradora de un territorio estaba obligada por las resoluciones de la ONU.
Desde entonces se ha instalado una pregunta que el Gobierno no ha conseguido disipar completamente: ¿qué obtuvo España a cambio de aquel giro? ¿Y qué compromisos adquirió Pedro Sánchez con Marruecos que los españoles no conocemos?
La pregunta resulta todavía más legítima cuando se observa la relación entre aquel cambio y la posterior política española hacia Rabat. El Gobierno anunció en 2022 una «nueva etapa» basada en el respeto mutuo, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia. Pero la transparencia no consiste solamente en informar después de tomar una decisión. En una democracia madura significa explicar antes, deliberar cuando corresponda y permitir que las instituciones —y no solamente el presidente— que son las que tienen la atribución, participen en las grandes decisiones de Estado.
¿qué obtuvo España a cambio de aquel giro? ¿Y qué compromisos adquirió Pedro Sánchez con Marruecos que los españoles no conocemos?
Ciudades españolas
Ahora parece que conviene recordar algo elemental: Ceuta y Melilla son españolas. Lo son históricamente, jurídicamente, políticamente y constitucionalmente. Marruecos puede discutirlo, reivindicarlo o negarlo; esa es su equivocada e injustificable posición soberana. Pero la posición de España no puede depender de la conveniencia coyuntural de las necesidades políticas y relaciones con Rabat.
El artículo 63 de la Constitución reserva al Rey la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, conforme a la Constitución y las leyes, mientras que los actos del monarca necesitan refrendo gubernamental. Es precisamente por eso por lo que resulta tan importante distinguir entre las competencias constitucionales del jefe del Estado y la dirección política que corresponde al Gobierno. No se trata de atribuir al Rey un poder que no tiene. Se trata de exigir que las grandes decisiones de Estado se adopten dentro de los cauces institucionales que la Constitución establece.
La comparación con Sagasta no significa llamar a Sánchez “otro Sagasta”. Sería demasiado fácil y elogioso lo que le ayudaría a salvar la situación. La verdadera pregunta es más incómoda. Sagasta pertenecía a un liberalismo progresista que se vio obligado a gestionar la derrota, el desgaste nacional y el miedo a las consecuencias políticas de una guerra perdida. El Gobierno necesitaba cerrar cuanto antes una crisis que amenazaba al régimen. Y cerrarla significaba aceptar una pérdida territorial de dimensiones históricas. No estamos ni por asomo en un momento idéntico. Es mucho peor.
la frontera entre el interés nacional y el interés de supervivencia del Gobierno comienza a volverse peligrosamente difusa.
Más de un siglo después, otro dirigente que se llama “progresista”, se encuentra ante un Marruecos cada vez más consciente de su posición estratégica, una frontera sometida a presión, un conflicto sahariano en el que España modificó su doctrina y unas relaciones bilaterales cuyo contenido completo sigue sin estar a la vista de los ciudadanos.
¿Son situaciones iguales? No exactamente como he dicho, pero, ¿puede existir una misma lógica política? Esa es la pregunta. Creo que parcialmente, porque aquí la situación parece responder sólo a una lógica personalista de un dirigente discutido que carece de apoyos políticos en las cámaras. Porque si un Gobierno llega a pensar que para conservarse necesita mantener satisfecho al vecino que controla buena parte de los resortes de la presión migratoria, entonces la frontera entre el interés nacional y el interés de supervivencia del Gobierno comienza a volverse peligrosamente difusa.
¿Qué deben a Marruecos?
Entonces surge la pregunta que ningún Ejecutivo debería temer responder: ¿Qué debe Pedro Sánchez a Marruecos? Pero hay otra todavía más grave:
¿Qué debe el PSOE a Marruecos? No porque exista necesariamente una deuda. No hay pruebas que permitan afirmarlo, pero si demasiadas evidencias de que muchos de sus dirigentes, anteriores y en activo, mantienen una relación demasiado sospechosa, por lobbista, con el reino alahuita. Precisamente por eso debe preguntarse. Porque en democracia, cuando una decisión de política exterior rompe con
décadas de doctrina y sus consecuencias afectan a la seguridad, a la inmigración, al Sáhara y a nuestras relaciones con el Magreb, preguntar no es sospechar: es fiscalizar al poder.
En 1898 España aprendió demasiado tarde que los territorios no son fichas que puedan colocarse sobre el tablero para resolver la crisis de un Gobierno. Puerto Rico no dejó de ser español porque los puertorriqueños hubieran decidido dejar de serlo; dejó de serlo porque España perdió una guerra -¿híbrida?- y sus dirigentes aceptaron más allá de sus resultados reales las consecuencias de la derrota.
los territorios no son fichas que puedan colocarse sobre el tablero para resolver la crisis de un Gobierno
La historia, sin embargo, tiene una segunda enseñanza: un Gobierno puede sobrevivir a una cesión; una nación tarda mucho más en sobrevivir al recuerdo de haberla consentido. Por eso este verano conviene mirar hacia el sur. No para declarar guerras que nadie desea. No para convertir a Marruecos en enemigo, aunque casi lo pienso más allá de ser un vecino incómodo. Y tampoco para convertir a los inmigrantes en enemigos, porque quienes llegan son personas y muchos de ellos son víctimas de circunstancias que no controlan. Sino para recordar algo mucho más sencillo: las fronteras, la soberanía y los intereses nacionales no pertenecen al presidente de turno. Pertenecen a España. ¿No será que ahora estamos sencillamente ante otro Sagasta?
las fronteras, la soberanía y los intereses nacionales no pertenecen al presidente de turno. Pertenecen a España
Leer artículos relacionados
CEUTA: CUANDO EL RELATO SUSTITUYE AL ESTADO
PEDRO SÁNCHEZ Y LA TRAICIÓN AL SÁHARA: UNA DECISIÓN PERSONAL CONTRA EL ESTADO
