LA COMPARECENCIA DEL RESPONSABLE MUNICIPAL PARA EL ASUNTO DE LA AESIA HA SUPUESTO UN REVULSIVO QUE HA LLEVADO A LA PLATAFORMA CIUDADANA JXG A TOMAR LA INICIATIVA Y PRESENTAR ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LAS INSTITUCIONES DEMORAN
La demora, incomprensible salvo motivos inconfesables y espurios, en la interposición del recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Gobierno de España que otorgó la sede física de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) a La Coruña, ha comenzado a alarmar a la sociedad granadina.
Pocos asuntos han concitado un consenso mayor entre las fuerzas políticas y los agentes sociales de Granada, como el de concurrir a la participación en el concurso convocado y, posteriormente, conocido el resultado, el hacer frente a una decisión del ejecutivo de Sánchez, que se atisba viciado por arbitrario.
La interposición de un recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo de la naturaleza del Acuerdo de 5 de diciembre de 2022, no lleva más que unas pocas horas de trabajo para cualquier jurista. Y, caso de que se inste ante el órgano jurisdiccional la suspensión de la eficacia y de la ejecución del acto, pocos días de trabajo si es que se quiere adornar con rigor la petición. Así lo hizo Aragón, con Zaragoza y Teruel, frente al acuerdo que entendieron que lesionó sus expectativas sobre la Agencia Espacial Española.
Casi dos meses han transcurrido… hasta ahora por parte de las instituciones granadinas… nada se ha hecho que no sea demorar la toma de la decisión de impugnar
Casi dos meses han transcurrido desde la publicación en el BOE de la citada decisión del Gobierno y hasta ahora por parte de las instituciones granadinas que gozaron desde el principio del apoyo de la Sociedad Civil de Granada y de corporaciones de derecho público como el Colegio de Abogados, nada se ha hecho que no sea demorar la toma de la decisión de impugnar, reunirse para obviedades, dejar transcurrir el tiempo durante la Navidad, y en síntesis, demorarse en el plazo para efectuar la interposición.
La comparecencia días atrás del concejal socialista Francisco Herrera, impulsor de la iniciativa de la instalación de la AESIA en nuestra ciudad, explicando cómo se iba a llevar a cabo el proceso de interposición, ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha provocado que varias entidades ciudadanas integradas en la Plataforma Juntos por Granada den el paso de impugnar ante el Alto Tribunal Español, el acto administrativo que lesiona los intereses de Granada. Aun siendo conocedores de la debilidad en orden a la legitimación activa para que el recurso interpuesto sea admitido por la Sala Tercera, han tomado la iniciativa para dejar patente a las instituciones que el recurso es obligado y que Granada exige que se defiendan sus derechos de modo decidido.
Con comparecencias como la ofrecida por el señor Herrera sobre el asunto, solo se muestra el claro desprecio que por la inteligencia de los granadinos muestran algunos de nuestros dirigentes. Tanto ha sido que de ella solo se puede extraer la conclusión de que la comisión capitaneada por el alcalde Cuenca, aún no tiene muy claro cuándo recurrir, con qué intensidad hacerlo, si se dejará trabajar a los expertos jurídicos con libertad para conseguir el fin que debe pretenderse, que no es otro que la anulación del acuerdo adoptado por lesivo para Granada, y lo que es más grave que ha alojado en la imaginación de todos la impresión, cada vez menos dudable, de que solo se quiere dejar pasar el tiempo para que el asunto decaiga y se olvide por los ciudadanos mientras simulan hacer algo.
La Sociedad Civil de Granada tomó la iniciativa para dejar patente a las instituciones que el recurso es obligado y que Granada exige que se defiendan sus derechos de modo decidido.
Lamentablemente parecería que los representantes públicos de Granada no quieren hacer, por razones que solo ellos conocen, lo que en este momento todos los ciudadanos demandan y le han pedido, que no es más que impugnen el bochornoso acto del Gobierno del Estado por el que se ha privado a Granada de algo que con el derecho en la mano le corresponde por haberlo ganado.
