OPINABA HACE UNOS DÍAS EN UN MEDIO LOCAL QUE LOS INCENDIOS QUE HAN AZOTADO NUESTRO PAÍS DURANTE EL PASADO MES DE AGOSTO HAN TRAÍDO ALGO MÁS QUE EL FUEGO Y QUE HAN VENIDO A EVIDENCIAR LA ILÓGICA E INEFICAZ ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA, REVELADORA DE QUE EN NUESTRO PAÍS SÓLO SE HA HECHO, Y SE HACE, POLÍTICA POR INTERESES PARTIDISTAS Y NO GENERALES.
La inaplazable Reorganización Territorial
De lo mismo advertía hace unos días otro de los grandes diarios españoles, LA VANGUARDIA, que daba cuenta de cómo la deficiente concepción y gestión de Castilla y León de la catástrofe ha avivado el movimiento del ”Lexit”, es decir, la afirmación de los leoneses de que sus problemas cotidianos pasan en buena medida por el forzado diseño de la comunidad autónoma en la que forzadamente los integraron en 1983.
Han pasado ya más de cuatro décadas desde la aprobación de la Constitución de 1978 y de la consiguiente creación del Estado de las Autonomías y es obligado evaluar sus resultados en términos de eficiencia.
Aquella arquitectura territorial, improvisada en parte bajo la presión de los consensos políticos de la Transición, se nos presentó como una solución moderna, integradora y capaz de dar respuesta a la pluralidad histórica de España.
Hoy, sin embargo, el balance se muestra muy distinto: lo que se gestó como un pacto para la descentralización ha acabado revelando profundas incoherencias, que erosionan la cohesión del Estado y generan descontento en numerosas regiones.
Casos llamativos
Uno de los errores de mayor calado fue la creación de comunidades autónomas artificiales, sin un sustrato histórico ni cultural sólido que las avalara, mientras se diluían o directamente se amputaban regiones con una identidad forjada durante siglos.
El territorio de Granada constituye un ejemplo paradigmático: convertido en una pieza más de la actual macroestructura andaluza, que ha visto diluirse su personalidad histórica, cultural y política, quedando relegada a un papel secundario dentro de un ente regional sobredimensionado.
El territorio de Granada constituye un ejemplo paradigmático: convertido en una pieza más de la actual macroestructura andaluza
Algo similar sucedió con Murcia, cercenada en su integridad histórica ―que le pregunten a los albaceteños―, o con el nacimiento caprichoso de comunidades uniprovinciales como Cantabria, Asturias, La Rioja o incluso Madrid, cuya existencia responde más a coyunturas políticas que a una auténtica lógica territorial.
Pero los casos más problemáticos son, sin duda, los de Andalucía y Castilla y León. Ambas comunidades, concebidas como entidades de gran tamaño, se construyeron a contracorriente del principio histórico que debió inspirar el proceso autonómico. En su seno han emergido, casi inevitablemente, movimientos que reclaman una corrección del modelo: la aspiración de Granada a recuperar su propia autonomía, y la reivindicación del viejo Reino de León, son expresiones vivas de un malestar larvado desde el origen. Dichas demandas no se plantean desde la nostalgia, sino desde la constatación de que la actual organización territorial ha resultado ineficiente, incapaz de garantizar un desarrollo equilibrado y respetuoso con las particularidades locales.
la aspiración de Granada a recuperar su propia autonomía, y la reivindicación del viejo Reino de León, son expresiones vivas de un malestar larvado desde el origen
La Constitución, en sus artículos 143 y 144, ofrece vías claras para solventar esta anomalía histórica. No se trata de un desafío al marco constitucional, sino de aplicarlo correctamente: permitir que aquellas regiones con identidad propia y con voluntad ciudadana acreditada puedan constituirse en comunidades autónomas.
Lejos de fragmentar España, un proceso de este tipo reforzaría la legitimidad del Estado, al ordenar su territorio con criterios más justos, racionales y eficaces. Frente a ello se hizo prevalecer lo que es considerado el primer incumplimiento flagrante de la Carta Magna con la manipulación grosera que se efectuó, con la permisibilidad del gobierno de Adolfo Suárez, de los resultados del referéndum de 1980.
Revisión inaplazable
Hoy resulta evidente que la reorganización territorial que nació en 1978 necesita una revisión profunda. Los hechos son tozudos y el dato mata al relato, como se dice ahora para controvertir los manejos de la posverdad que impone la política como distorsión deliberada de una realidad, para manipular creencias y emociones creando una mentira emotiva con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales.
España debe afrontar con madurez un debate que ha sido aplazado demasiado tiempo: corregir el mapa autonómico para que responda a la realidad histórica y social
La ineficacia de la actual gestión autonómica, sumada a la insatisfacción de muchos territorios, hace que esta revisión no sea ya una mera posibilidad, sino una necesidad impostergable. España debe afrontar con madurez un debate que ha sido aplazado demasiado tiempo: corregir el mapa autonómico para que responda a la realidad histórica y social, y no a los apaños de un momento político ya superado.
El futuro pasa por escuchar a Granada, a León y a tantas otras voces que reclaman su sitio en el marco constitucional.
